Rechazan propuesta del Minjus que busca «criminalizar» a las fuentes periodísticas

El ministro de Justicia, Felix Chero, impulsa un proyecto de ley que busca sancionar a jueces y fiscales que filtren información. Esta propuesta se da tras conocerse una serie de actos de corrupción en el gobierno de Pedro Castillo.

El gobierno de Pedro Castillo parece buscar a toda costa ser evitar que se sigan conociendo la gran cantidad de irregularidades y denuncias de corrupción que la justicia investiga y que implican directamente al mandatario y de sus allegados, a través de un proyecto de ley que perjudicaría el trabajo periodístico y que “criminalizar a las fuentes” de los medios.

A ello se suma la actitud del presidente que muestra desprecio por la transparencia pues lleva más de 100 días sin brindar declaraciones a la prensa y, por el contrario, utilizó el canal del Estado, TV Perú, para simular una entrevista que habría tenido como objetivo desvincularlo de la trama de corrupción enquistada en su gobierno.

El titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), Felix Chero, anunció un proyecto de ley para sancionar a los jueces y fiscales que filtren información sobre procesos judiciales o investigaciones de terceros.

Esta medida busca bloquear el trabajo periodístico que utiliza diversas fuentes fiscales o judiciales para conocer la real situación de los implicados en los casos de corrupción en el gobierno, que alcanza a familiares del presidente Castillo y que incluye las presuntas coimas que habría recibido el mandatario a cambio de obras.

La sanción de hasta tres años de prisión suspendida que plantea el Minjus por filtrar información se debe a que, presuntamente, se afecta el debido proceso. “Se altera todo el proceso de investigación y se afectan derechos fundamentales porque así se rotula a una persona como si fuera un delincuente y se viola la reserva”, dijo Chero.

“El sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice, los periodistas tienen sus propios medios, pero cuando se hace para obstruir la investigación, se tiene que establecer un mecanismo punitivo cuando esta información llega a manos de terceros”, alegó.

En respuesta, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú alertó “sobre el potencial riesgo para la actividad periodística de concretarse este proyecto que se propone desde el Minjus”.

“Criminalizar a las fuentes suma a la opacidad y obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística. Esto se suma al proyecto de ley que penaliza a periodistas y medios que difunden información de procesos de colaboración eficaz, aprobado en febrero en Comisión de Justicia de Congreso. Preocupa sincronía entre Ejecutivo y Legislativo en menoscabo del periodismo”, dijo el gremio en un pronunciamiento.

Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) se pronunció también en contra de la medida, porque “obstruye el aporte a la justicia desde la investigación periodística y se mantiene vigilante ante cualquier norma que perjudique la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

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