| OPINIÓN
Editorial: Queremos estabilidad sin amenazas, por José Ignacio Beteta.
Redacción Vigilante
Publicado 2:16 pm, 18 abril, 2022
Sobre el ya famoso reportaje de la pichanga en la Videna en la que estuvo el mandatario, la misión de Vigilante.pe y Panorama consistió en realizar su labor periodística de manera seria, siguiendo todos los pasos adecuados para poder difundir una información considerada valiosa para la ciudadanía y el sistema de justicia.
Y así, hasta el día de hoy, lunes 18 de abril, el presidente Pedro Castillo no ha podido, con sencillez, claridad ni pruebas proporcionales, mostrar quién es la persona que aparece en la fotografía, su nombre, su DNI y, por supuesto, el peritaje que lo sustente. Hasta hoy, lo más probable sigue siendo que la persona de la fotografía sea Roberto Aguilar Quispe. Y esto no es una difamación ni una afirmación maliciosa.
Roberto Aguilar Quispe, por otro lado, sí envío sus descargos a Vigilante.pe y Panorama. Panorama se encargó de retransmitirlos a su público el último domingo 17 de abril y hoy Vigilante hizo lo propio, resumiendo sus declaraciones y publicando el documento completo que nos mandó para que la ciudadanía saque sus propias opiniones. Le hemos dado el derecho a réplica y abiertamente lo invitamos a una entrevista con nuestro equipo, el día y hora que él crea conveniente.
El proceder de Vigilante y Panorama fue muy serio. No le creyeron a la fuente de Palacio de forma impulsiva, irresponsable o ligera. Sometieron las afirmaciones de esta fuente y sus medios probatorios (las aparentes fotografías de Roberto Aguilar Quispe) a una corroboración profesional y científica.
El primer peritaje fue realizado por el perito Guillermo Napán, con más de 33 años de experiencia en el área y quien ha realizado estudios para el Tribunal Constitucional del Perú. Él concluyó que el peritaje era positivo y que Aguilar Quispe sería el personaje de las fotos.
El segundo peritaje fue realizado por Dani Humpire, otro especialista reconocido, perito antropométrico, consultado habitualmente por diversos medios de comunicación. Él mostró con mucho detalle las similitudes que existían entre el personaje de la foto y el empresario. “Existe la compatibilidad, desde un punto de vista científico y antropológico, físico forense…”, afirmó. Es más, según el mismo Humpire, consultó sus resultados con un grupo internacional de científicos quienes le dieron la razón.
Entonces, lo que para el presidente son aseveraciones maliciosas, difamaciones o calumnias, en realidad son conclusiones de peritos profesionales y de renombre. Y sus estudios son los que deberán ser contrastados por el presidente o su equipo legal, no nuestro trabajo periodístico. Vigilante y Panorama tenían la obligación de compartir esta información públicamente.
Finalmente, terminamos esta columna con la opinión del abogado especialista en libertad de expresión y prensa, Andrés Calderón, en El Comercio:
“¿Tiene asidero una eventual querella por difamación? No. El presidente Castillo afirmó en su carta que, si no se hacía la rectificación, iniciaría una acción penal por el delito de difamación. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló en el 2019 que la sanción penal para la difusión de noticias de interés público sobre funcionarios públicos (más aún, ¡el presidente!) es una medida incompatible con la Convención Americana (Caso Álvarez vs. Venezuela). Además, la Corte Suprema peruana precisó anteriormente que, a través de la difamación, no se castiga el fracaso en obtener “una verdad inobjetable e incontrastable”, sino a quienes “actúen con menosprecio de la verdad o falsedad de lo comunicado”. En otras palabras, se encuentran protegidos quienes actúan con diligencia buscando corroborar una información verosímil, y solo se sanciona cuando hay “malicia del informador” (Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116).”
El trabajo realizado por Panorama y por Vigilante nunca tuvo malicia y se cuidó de no afirmar lo que no podía probar. La carta del presidente por su lado, al parecer, busca amedrentar, vulnerar, “meter miedo” en aquellos que quieren vigilar al poder público, el primer poder que debe ser vigilado, dado que controla la ley, las reglas de juego, las instituciones, y el dinero de los contribuyentes, muchas veces a su antojo y sin la debida fiscalización.