Tercerización laboral: ¿Por qué eliminarla afecta la reactivación económica y competitividad?

Especialistas explican los efectos negativos de la medida que aprobó del Ministerio de Trabajo pues afectaría a 171 mil empleos que genera la minería.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), encabezado por Betssy Chávez, aprobó vía decreto supremo eliminar de forma parcial la tercerización laboral, a pesar de las advertencias de diversos sectores económicos y especialistas que señalan que esa medida generará un impacto sumamente negativo en el proceso de reactivación económica, les restará competitividad a todos los sectores productivos y solo traerá consigo la pérdida de miles de puestos de trabajo. Las empresas tiene un plazo de 180 días para adecuarse a esta dispocisión legal.

Para abordar el tema y detallar la importancia de no continuar con este proyecto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía realizó el evento “Perspectivas de Reactivación y Tercerización en el Perú”.

El gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, sostuvo que todavía tenemos una recuperación muy precaria del mercado laboral total, que las remuneraciones son bajas y hay un incremento significativo del empleo informal. “El decreto que prohíbe la tercerización en actividades nucleares (de una empresa) constituye un grave riesgo que impedirá la creación de empleos”, explicó.

También remarcó que no solo en el sector minero se verá afectado, sino también las 2,069 empresas contratistas que registra el Ministerio de Energía y Minas y una parte muy significativa de los 171 mil empleos que genera la minería a través de estas compañías se perderían.

“Lo lamentable es que como país no hemos podido aprovechar el contexto buenos precios de los metales para tener un nuevo ciclo de inversiones mineras, y ahora con este decreto supremo se atenta contra la competitividad, las perspectivas de inversiones futuras se verán afectadas, así como los márgenes, los tributos y transferencias del canon”, agregó.

Por su parte, el abogado laboralista Jorge Toyama expresó que la norma que prohíbe que se tercerice las actividades “nucleares” de una empresa es una de las más cuestionadas en la historia del Perú.

“Es anticonstitucional y una medida similar en México provocó la pérdida de más de un millón de empleos. Es un absurdo que no se pueda tercerizar actividades especializadas. El Gobierno afirma que hay abuso e injusticia con el mecanismo de tercerización, pero esto se puede cambiar con mayor fiscalización y no dando normas antitécnicas que solo provocarán desempleo”, indicó.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, sostuvo que el Decreto Supremo N° 001-2022-TR, daña a toda la industria peruana en momentos en que en el Perú no hay trabajo y que más bien las autoridades se deberían esforzar en crear condiciones que permitan la generación de empleo formal.

En esa línea, remacó que la medida debe ser analizada en el Consejo Nacional del Trabajo, en el que participa el Estado, los trabajadores y los empresarios, a fin de determinar de manera técnica a qué actividades se afecta. Señaló, además, que no se ha hecho un estudio sobre cuánto le va a costar al Estado y al sector privado implementar esta norma.

“Queremos enviar un mensaje claro al Ministerio de Trabajo, los empresarios queremos dialogar y dar nuestra opinión respecto a las iniciativas laborales u otras que nos vayan a afectar”, subrayó.