Ocho funcionarios del GORE Junín generaron perjuicio de S/ 2 millones en obra de colegio

Implicados suscribieron contratos a pesar de que el consorcio ganador emitió cartas fianzas de una cooperativa no autorizada. El proyecto en el centro educativo Mariscal Castilla asciende a más de S/ 80 millones.

La Contraloría detectó una serie de irregularidades en el Gobierno Regional de Junín que implican a ocho funcionarios de la entidad y al Consorcio Huancayo para la ejecución de la obra de Mejoramiento del Colegio Mariscal Castilla, ubicado en el distrito de El Tambo, en Huancayo, quienes generaron un perjuicio económico a las arcas públicas de 2 millones 709,774 soles, por otorgar la conformidad y autorizar el pago por trabajos ejecutados parcialmente y otros sin ejecutar en los módulos educativos.

Según el informe de control, se identificó que funcionarios regionales suscribieron el contrato de ejecución de los módulos sin tener competencia para ello con el consorcio, conformado por la empresa constructora Uranio SAC y la empresa GOVIL SAC.

A ello se suma que el contrato se firmó sin verificar la validez de la carta fianza de fiel cumplimiento emitida por la Cooperativa Financoop, que no estaba autorizada por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP para emitir las garantías en las contrataciones con el Estado. De eta manera, se benefició al contratista con un contrato de 80 millones 688,434 soles.

La comisión de control identificó que los funcionarios y servidores responsables de la revisión de la documentación exigida para el perfeccionamiento del contrato no efectuaron la verificación ni se pronunciaron sobre la validez de la garantía, adicionalmente dicho contrato contó con la conformidad del subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, el especialista de contrataciones de esta oficina y la Directora Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Junín.

El informe de Auditoría de Cumplimiento fue comunicado oportunamente al Gobernador Regional de Junín, para el deslinde de las presuntas responsabilidades administrativas identificadas y a la Procuraduría para el inicio de las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos de las observaciones N° 1, 2 y 3 del presente informe.