El desabastecimiento de medicinas en el sector público provocó que el gasto de bolsillo en la compra de fármacos se eleve a S/169 en 2023. Esta cifra es 24.3% más alta en comparación con el costo promedio que invertían los peruanos en 2019 (S/136).

Un informe reveló que el 98% de hospitales y postas médicas no tienen una capacidad adecuada, lo que impediría que los afiliados al Sistema Integral de Salud cuenten con un servicio médico de calidad y que se encuentren obligados a pagar en establecimientos de salud privados.

El 41.9% de peruanos aseguró padecer alguna enfermedad crónica, según información del INEI. Hasta el momento, se conoce que el 87.5% de personas tienen acceso a un seguro de salud público y/o privado, sin embargo, sólo 39 de cada 100 personas buscan atención médica oportuna.

En Perú, 16 millones de contribuyentes se encuentran afiliados al Seguro Social de Salud o al Seguro Integral de Salud, mientras que 1.3 millones de personas aún no cuentan con este beneficio. En el caso del sistema de pensiones, 6.9 millones personas poseen una cuenta de ahorro para su jubilación en la ONP o AFP.

A nivel nacional existen 8,279 establecimientos médicos de primer nivel de atención, pero solo el 42% de ellos funcionan al menos 12 horas al día. Perú también sufre una escasez de profesionales médicos, pues sólo existen 9.6 médicos en el sector público por cada 10,000 personas.

La pésima distribución y almacenamiento de fármacos en diferentes regiones del país generó que el 43% de peruanos asegurados al Sistema Integrado de Salud (SIS) y al Seguro Social (EsSalud) adquieran medicamentos a través de boticas privadas mientras que otro grupo de connacionales no puedan tratar enfermedades como el cáncer, artritis e, incluso, la distrofia muscular de Duchenne. ¿Acaso no es responsabilidad del gobierno proveer de estos insumos a todos los peruanos de manera rápida y efectiva? ¿Qué función tiene la descentralización en este caso?