A pesar de los fracasos de Petroperú se afirmó que es una empresa estratégica para el Perú, pero ¿es esto cierto? Existe la expresión “Too big to fail” para referirse a las empresas que si desaparecen afectarían gravemente la economía de un país. Este no sería el caso de la petrolera estatal. Aquí te explicamos por qué.

Petroperú informó que su Junta General de Accionistas está coordinando las acciones de soporte financiero, que sería a medias. En medio de la polémica, el ministro Óscar Vera apareció para asegurar que hay "mucha propaganda anti Petroperú", pero no rindió cuentas sobre las pérdidas de la estatal.

En 2023, el premier y el MEF afirmaron que no se le iba a dar ningún dinero adicional a Petroperú. Lejos de cumplir su palabra, el Ejecutivo creó en enero 2024 un grupo de trabajo para decidir si se acepta o no la nueva petición. Todo indica que será realidad. En paralelo, la estatal emitirá bonos de US$ 1,000 millones con la finalidad de afrontar la crisis de liquidez.

Indignante. A pesar del nuevo pedido, resulta preocupante que PetroPerú intente quitarse responsabilidad sobre sus fracasos al comunicar que "iniciará un plan de austeridad para reducir los gastos de la empresa este 2024". Cabe recordar que el dinero saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes.

El Gobierno y el ministro de Energía y Minas decidieron, mediante un decreto supremo, exonerar temporalmente a las refinerías del cumplimiento de las reglas de juego mínimas previstas en la regulación. La única beneficiada fue la Refinería de Talara, que se incendió.

La real intención de Petroperú estaría “relacionada con los problemas financieros y de liquidez que arrastra la petrolera” y no con el supuesto desabastecimiento de combustible.

El economista Luis Arias Minaya sostuvo que PetroPerú le está costando caro a los contribuyentes, pues "somos nosotros los que pagamos los impuestos". "Una empresa de la envergadura como Petroperú no puede estar 100% en manos estatales, porque ya vemos las consecuencias”, remarcó.

La petrolera estatal confirmó su solicitud de un nuevo salvataje para mantener la producción de hidrocarburos en el país. Entre los requerimientos se encuentra la capitalización de la deuda por $750 millones con el MEF y un aporte de capital equivalente a S/5,570 millones.

Minem decretó norma para su funcionamiento y limitó las funciones fiscalizadoras de Osinergmin.