Mientras el déficit fiscal golpea a Perú, el gobierno sigue inyectando miles de millones a PetroPerú, la empresa estatal con el mayor nivel de pérdidas del país. La designación de Pedro Chira en PeruPetro levanta sospechas sobre el blindaje político a la petrolera, que pretende premiar la ineficiencia al permitir que el Lote 194, en Loreto, opere con un nuevo socio sin la necesidad de que éste presente una carta de garantía.

En un país donde el peso de los tributos recae fuertemente sobre los contribuyentes, el Estado parece priorizar el gasto corriente sobre la inversión en infraestructura. Este desequilibrio se refleja en entidades públicas que, lejos de optimizar su gestión, acumulan rescates financieros, ineficiencia y carencias en servicios básicos. ¿Hasta cuándo seguirán pagando los ciudadanos por un sistema que no mejora?

La Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía advirtió que Perú-Petro no está impulsando la inversión privada en el sector hidrocarburos y, por el contrario, estaría actuando en pared con PetroPerú en la entrega de lotes, pese a su crítica condición económica.

La petrolera estatal confirmó su solicitud de un nuevo salvataje para mantener la producción de hidrocarburos en el país. Entre los requerimientos se encuentra la capitalización de la deuda por $750 millones con el MEF y un aporte de capital equivalente a S/5,570 millones.

El Congreso citó ante la Comisión de Energía y Minas a PeruPetro y PetroPerú por el supuesto favorecimiento hacia la empresa estatal al adjudicar 2 lotes petroleros sin tener en consideración la millonaria deuda que mantiene hasta la actualidad. Recordemos que el Ministerio de Economía continúa evaluando la posibilidad de otorgar un salvataje a la compañía que registró pérdidas de $380 millones durante el primer semestre de 2023.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación respecto a que el actual Gobierno, a través de PeruPetro, buscará entregar de manera directa y sin licitación alguna la operación de los Lotes I, VI y Z-69 (actual lote Z-2B) a la empresa estatal de hidrocarburos. 

El fracaso ocurrido con Petroperú abre el debate sobre las ineficiencias en las empresas estatales, que vienen viviendo (y sobreviviendo) a costa de los contribuyentes. ¿Cómo se entiende esa problemática?¿Existen soluciones?