La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la liberación de Alberto Fujimori en el que ofrece un plazo de seis días al gobierno peruano para enviar un informe que “presente sus observaciones al referido escrito”. Además, recuerda que se mantiene vigente la obligación de abstenerse a liberarlo.

El Perú tiene 50 sentencias en “supervisión de cumplimiento” de la región siendo el primero de la región. A pesar de esto se refleja que, al ser un país democrático, existe mayor apertura para que se presenten diversos casos, a diferencia de otros países donde su democracia está mermada por gobiernos dictatoriales (Venezuela).

Victor Polay Campos, terrorista fundador del MRTA, denunció al Estado peruano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por, presuntamente, no haber sido procesado de manera justa durante su juicio en 2006 y por no recibir todos los beneficios penitenciarios. Expertos en el tema califican el hecho de absurdo y contradictorio.

La CIDH solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad. La fiscal Patricia Benavides se encuentra investigando actualmente al expresidente golpista, Pedro Castillo, y la actual mandataria, Dina Boluarte.