Municipalidades obstaculizan la formalización empresarial con exceso de trámites y fiscalizaciones
Las municipalidades se han convertido en uno de los principales obstáculos para la formalización y el crecimiento empresarial en el Perú. El exceso de fiscalizaciones, los trámites administrativos y las diferencias regulatorias entre distritos incrementan los costos de operar legalmente, especialmente para las micro y pequeñas empresas. Esta situación plantea un desafío para el Gobierno de Keiko Fujimori, que ha anunciado reformas de desregulación, pero cuya efectividad dependerá también de reducir las barreras que enfrentan diariamente los emprendedores ante los gobiernos locales.
Según una encuesta de Ipsos para ComexPerú, las empresas reciben, en promedio, 1,9 fiscalizaciones municipales al año, frente a una de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y 0,6 de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Aunque las inspecciones cumplen una función de control, su frecuencia, sumada a requisitos administrativos cambiantes, puede incrementar los costos de cumplimiento y generar incertidumbre para los negocios.
Licencias y trámites que superan los plazos legales
Las dificultades también aparecen al momento de obtener una licencia de funcionamiento. El Decreto Legislativo 1497 contempla mecanismos de aprobación automática para determinados establecimientos de riesgo bajo. Sin embargo, según la información recogida en el informe, hasta 2025 los tiempos efectivos de espera continuaban superando los plazos legales previstos.
A este problema se añade la falta de uniformidad entre municipalidades. Un negocio puede enfrentar requisitos y procedimientos diferentes dependiendo del distrito donde opere, incluso cuando desarrolla una actividad similar. Esta dispersión regulatoria obliga a los emprendedores a destinar más tiempo y recursos al cumplimiento de obligaciones administrativas.
El impacto es especialmente relevante para los pequeños negocios, que cuentan con menos recursos para afrontar trámites prolongados o contratar asesoría especializada. Según el Índice de Barreras Burocráticas de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), los emprendedores destinan 134 días calendario al año a cumplir trámites administrativos, una carga que evidencia las dificultades de operar dentro de la formalidad.
INDECOPI enfrenta menores recursos para eliminar barreras burocráticas
El problema también alcanza a las instituciones encargadas de supervisar las regulaciones. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas fueron creadas por municipalidades, lo que evidencia el peso de los gobiernos locales en la generación de obstáculos administrativos.
Pese a ello, el presupuesto destinado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) a combatir estas barreras se redujo 16% entre 2019 y 2024. Durante ese periodo también disminuyó el personal dedicado directamente a esta función, una situación que podría limitar su capacidad para identificar y eliminar exigencias administrativas ilegales o carentes de razonabilidad.
La desregulación también debe alcanzar a los municipios
Las reformas anunciadas por el Ejecutivo enfrentan así un desafío que trasciende al Gobierno central. Reducir la burocracia requiere simplificar procedimientos municipales, asegurar el cumplimiento de los plazos legales y establecer criterios regulatorios más uniformes entre distritos, sin desconocer las competencias de los gobiernos locales.
También resulta necesario fortalecer la capacidad institucional de INDECOPI para identificar y eliminar barreras burocráticas. Una política de desregulación difícilmente tendrá resultados sostenibles si las municipalidades continúan imponiendo exigencias que incrementan los costos de operar formalmente.
El problema de fondo es que la formalización no depende únicamente de las obligaciones tributarias o laborales. También exige que cumplir las normas sea un proceso predecible, accesible y proporcional al tamaño de los negocios. Mientras los emprendedores enfrenten trámites prolongados, fiscalizaciones frecuentes y requisitos cambiantes, la burocracia municipal seguirá siendo un factor que desalienta la formalidad y limita el crecimiento empresarial.