Ley de masificación del gas natural sigue sin reglamento después de 17 meses

Han transcurrido más de 17 meses desde la publicación de la Ley 32315, que busca impulsar la masificación del gas natural en el Perú, y su reglamento continúa pendiente de aprobación definitiva, según la información disponible. La norma, publicada el 30 de abril de 2025, otorgó al Ejecutivo un plazo de 90 días para reglamentarla. Ese plazo venció en julio del año pasado, sin que hasta ahora se haya confirmado la puesta en marcha de uno de sus principales mecanismos para reducir el costo del gas en las regiones.

La ley contempla una compensación destinada a reducir las diferencias de precios entre zonas con distinta cantidad de usuarios y mayores costos de distribución. Su financiamiento provendría principalmente del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), alimentado con aportes de los usuarios de energía, y, de ser necesario, de un recargo al transporte de gas por ductos.

Sin reglas definitivas para calcular, financiar y aplicar esta compensación, el mecanismo no puede implementarse plenamente. Esto posterga la posibilidad de que hogares y negocios de regiones con menor acceso al gas natural reduzcan sus gastos energéticos.

Una demora que también afecta la inversión

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó un proyecto de reglamento en junio de 2026, pero casi cuatro meses después sigue sin confirmarse su aprobación final. La ausencia de reglas definitivas también genera incertidumbre para las empresas interesadas en invertir en infraestructura y distribución de gas natural.

En paralelo, se negocia una adenda que permitiría a un solo operador extender el servicio a 15 localidades de siete regiones sin un nuevo concurso competitivo. Esta alternativa abre un debate sobre las condiciones de competencia y la necesidad de garantizar que la expansión del servicio no termine favoreciendo a un operador frente a otros posibles inversionistas.

Recursos de los usuarios y responsabilidad del Estado

Desde la perspectiva de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), el retraso plantea un problema de gestión pública y de uso eficiente de los recursos. El FISE se financia con aportes de los usuarios de energía, por lo que resulta fundamental asegurar que sus recursos se utilicen con criterios de focalización, transparencia y eficiencia, evitando subsidios indiscriminados o beneficios injustificados para grandes consumidores.

La demora también evidencia una contradicción entre el objetivo estatal de ampliar el acceso a energía más económica y la falta de decisiones administrativas necesarias para implementar una ley vigente. Por ende, es importante que la publicación del reglamento sea acompañada de condiciones que promuevan la inversión privada y la libre competencia, sin otorgar ventajas exclusivas a determinados operadores.

Mientras el Ejecutivo no concluya este proceso, seguirá pendiente una herramienta legal diseñada para reducir las diferencias en el costo del gas natural entre regiones. El desafío no consiste únicamente en aprobar el reglamento, sino en garantizar que sus beneficios lleguen a los usuarios y que los recursos destinados a financiarlo se administren eficientemente.