Tacna: candidatos al Gobierno Regional llegan a las elecciones con antecedentes judiciales
Las elecciones regionales de 2026 definirán al próximo gobernador de Tacna en un escenario donde los antecedentes de quienes aspiran al cargo vuelven a ser parte del escrutinio electoral. Las situaciones detectadas no son equivalentes: incluyen una condena confirmada, una pena antigua ya cumplida y un fallo posteriormente anulado, diferencias relevantes para evaluar cada candidatura.
Hilda Herrera y una condena por actos funcionales
Hilda Marisol Herrera Huayhua, candidata de Todo con el Pueblo y exdirectora de la UGEL Tacna, fue condenada el 7 de julio de 2017 por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales a un año de prisión suspendida, 30 días-multa y S/1.000 de reparación civil.
El caso estuvo relacionado con actuaciones administrativas que debía realizar como autoridad de la UGEL respecto de la representación del sindicato docente ante el Sub Cafae. La condena fue confirmada en 2018 y, tras diferentes recursos, el Tribunal Constitucional declaró infundada su demanda de amparo en julio de 2022.
Ruiz y Martorell: antecedentes que requieren precisiones
Segundo Mario Ruiz Rubio, candidato de Alianza para el Progreso (APP), declaró ante el JNE en 2022 una sentencia de un año de pena suspendida por usurpación, dictada en 1995 y ya cumplida.
Fernando Pablo Martorell Sobero, de Renovación Popular, fue condenado en primera instancia en febrero de 2018 a cinco años de prisión efectiva por colusión por el caso de la venta de un terreno de ZofraTacna de más de 30.000 metros cuadrados. Sin embargo, esa sentencia fue anulada en diciembre de 2018 por vicios procesales. Un nuevo juicio comenzó en noviembre de 2019, pero a la fecha no existe sentencia alguna.
Es importante mencionar que Martorell se encuentra en su sexta postulación a la gobernación regional de Tacna. En el 2022 y 2018 lo intentó bajo su propio movimiento, Banderas Tacneñistas.
Un escenario nacional complejo
Tacna forma parte de un panorama más amplio. Una investigación de RPP identificó 1.747 postulantes que declararon al menos una condena penal, acumulando 2.283 sentencias. Entre ellos figuran 41 candidatos a gobiernos regionales y 173 a alcaldías provinciales.
Los delitos van desde omisión a la asistencia familiar y violencia familiar hasta peculado y malversación. Esto no significa que todos estén impedidos de competir: existen penas cumplidas, rehabilitaciones y situaciones jurídicas diferentes.