Junín: candidatos al Gobierno Regional llegan a la campaña con procesos y condenas declaradas
Entre los aspirantes figura un exgobernador para quien la Fiscalía solicita nueve años de prisión por presunta colusión en la adjudicación de un proyecto hospitalario, así como un candidato que consignó una sentencia con reserva de fallo condenatorio. Otro postulante que quedó fuera de una contienda anterior por una denuncia falsa vuelve a tentar el cargo. Los casos son distintos, pero vuelven a poner bajo la lupa los filtros que aplican los partidos antes de otorgar una candidatura regional.
Redacción Vigilante
Publicado 9:00 am, 8 agosto, 2026
La carrera por el Gobierno Regional de Junín avanza con antecedentes que obligan a mirar más allá de las promesas electorales. Entre quienes superaron las etapas de calificación figura Fernando Orihuela, exgobernador de Junín y candidato de Podemos Perú, mientras que Arnoldo Mallma, de Alianza para el Progreso, continuó en carrera tras subsanar observaciones vinculadas a una sentencia declarada en su hoja de vida.
Los casos no tienen la misma gravedad ni el mismo estado jurídico. Una acusación fiscal no equivale a una condena, y una reserva de fallo condenatorio tampoco implica una inhabilitación automática para postular. Sin embargo, estos antecedentes plantean una interrogante relevante: qué criterios de evaluación aplican las organizaciones políticas antes de presentar a quienes aspiran a administrar el presupuesto, las contrataciones y las principales obras de una región.
Fiscalía solicita nueve años para Fernando Orihuela
Fernando Orihuela Rojas, exgobernador de Junín y candidato de Podemos Perú, afronta una acusación fiscal por presunta colusión vinculada al Hospital Manuel Higa Arakaki de Satipo. La Fiscalía pide nueve años de prisión para él y Vladimir Cerrón. El caso se originó cuando el proyecto, cuyo expediente técnico había sido elaborado para el antiguo terreno del hospital en Satipo, fue trasladado en 2019 a un predio de Río Negro. Orihuela, ya como gobernador, aprobó ese cambio de ubicación.
La Fiscalía sostiene que la obra fue licitada y contratada utilizando un expediente diseñado para otro terreno, pese a que el traslado requería nuevos estudios, planos y referencias técnicas. Durante la gestión de Orihuela, el Gobierno Regional desembolsó además S/8,5 millones al contratista para materiales. El proceso aún no tiene sentencia. Mientras tanto, el hospital sigue inconcluso: en marzo de 2026, una nueva licitación de alrededor de S/207 millones para culminar el saldo de obra fue declarada desierta.
Mallma declaró varios fallos judiciales
Arnoldo Dante Mallma Auqui, candidato de Alianza para el Progreso, declaró en su hoja de vida antecedentes judiciales por falsa declaración en procedimiento administrativo, obligaciones alimentarias y violencia familiar. El caso que generó observaciones durante su inscripción fue una sentencia de julio de 2025 por falsa declaración, en la que se dispuso una reserva de fallo condenatorio por un año.
El Jurado Electoral Especial de Huancayo pidió que APP presentara la resolución judicial y, tras la subsanación, admitió la candidatura al considerar que ese antecedente no lo impedía de postular. Mallma continúa en carrera. Su caso, sin embargo, se suma a una tendencia dentro del partido: nueve de los quince candidatos regionales de APP declararon alguna sentencia.
Dimas Aliaga: una acusación falsa y una condena que sí existió
Dimas Aliaga Castro, exalcalde de Huancayo y actual candidato de Renovación Popular, arrastra un antecedente judicial que ya afectó una postulación anterior. En julio de 2022, el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo lo condenó en primera instancia por falsedad genérica en agravio del Jurado Nacional de Elecciones, en un proceso relacionado con información presentada ante el sistema electoral. Recibió dos años y ocho meses de prisión suspendida y el pago de S/2.000 de reparación civil.
Aliaga apeló la sentencia, por lo que su ejecución quedó suspendida mientras el caso era revisado por una instancia superior. Sin embargo, el fallo tuvo una consecuencia inmediata: el Jurado Electoral Especial lo excluyó de la elección regional de 2022. Ese mismo año también se difundió que tenía una condena por violencia familiar, pero esa información resultó falsa y fue posteriormente rectificada por el propio organismo electoral. Cuatro años después, Aliaga vuelve a competir por el Gobierno Regional de Junín, esta vez con Renovación Popular, y su candidatura fue admitida.
Un problema que supera a Junín
Junín no es una excepción. Una investigación de RPP identificó a 1.747 postulantes que declararon al menos una condena penal, con un total de 2.283 sentencias. Entre ellos había 41 candidatos a gobiernos regionales y 173 a alcaldías provinciales, con condenas por delitos que van desde omisión a la asistencia familiar y violencia familiar hasta peculado y malversación. Esto no significa que todos estén impedidos de competir, pues existen casos de penas cumplidas, rehabilitaciones y situaciones jurídicas diferentes.
El debate, por tanto, no se limita a quién puede figurar legalmente en una cédula. La ley fija impedimentos mínimos, pero son los partidos los que deciden qué estándares aplican al escoger a quienes administrarán presupuestos, contrataciones y obras públicas. En Junín, los antecedentes judiciales de los candidatos constituyen así un elemento relevante para evaluar no solo a los postulantes, sino también los filtros utilizados por las organizaciones que los respaldan.