Congreso habría usado las planillas del Estado para recaudar más de S/2,6 millones a favor de tres partidos

Si un trabajador quiere aportar dinero a un partido político, puede hacerlo igual que cuando dona a una parroquia, a la Cruz Roja o a un club deportivo: primero recibe íntegro su sueldo y luego decide libremente qué hacer con ese dinero. Lo inusual sería que fuera el propio Estado el que descontara ese aporte antes de pagar el salario y se encargara de transferirlo directamente al partido.

Ese es precisamente el mecanismo que describe una investigación difundida por Punto Final. Según el reportaje, el Congreso utilizó su sistema de planillas y contabilidad para descontar dinero de los salarios de trabajadores y congresistas militantes de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso (APP), y transferir luego esos recursos directamente a las cuentas bancarias de esos partidos. Entre 2022 y 2025, los desembolsos superaron los S/2,6 millones.

La información se basa en registros de operaciones bancarias del propio Congreso obtenidos por el programa. Según la investigación, Fuerza Popular recibió S/1,333 millones, Perú Libre S/834.357 y APP S/459.000, mediante cheques y transferencias emitidos por el Parlamento como consecuencia de descuentos aplicados directamente en las planillas de trabajadores y congresistas militantes.

La pregunta que plantea esta revelación no es si los partidos pueden recibir aportes de sus militantes. Ese derecho existe. El debate es otro: ¿puede el Estado convertirse en el recaudador de un partido político? En el Perú es normal que las planillas descuenten automáticamente dinero para la AFP, la ONP, Essalud o las cuotas sindicales, porque una ley autoriza expresamente esos descuentos. Lo que no contempla la legislación es que una entidad pública utilice ese mismo sistema para recaudar aportes destinados a un partido político.

Esa diferencia es justamente la que marca el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): la Planilla Única de Pago del Estado solo puede ser afectada por descuentos autorizados por ley, cuotas sindicales o mandatos judiciales. Según el MEF, no existe ninguna norma que permita utilizar las planillas del Estado para recaudar aportes destinados a partidos políticos, por lo que ese mecanismo carece de sustento legal.

En el caso de Fuerza Popular, la investigación identifica a la entonces tesorera Karina Beteta, hoy diputada electa para el periodo 2026-2031. Según el reportaje, el Congreso transfirió S/40.700 en 2022, S/339.950 en 2023, más de S/427.000 en 2024 y más de medio millón de soles en 2025. La investigación también muestra una escala de descuentos mensuales a favor del partido naranja que iba desde S/100 para asistentes y auxiliares hasta S/1.100 para congresistas y parlamentarios andinos, además de montos de S/600 para jefes de área, S/500 para asesores y profesionales y S/250 para técnicos.

Para Perú Libre, la investigación identifica a la tesorera Ophelia Ríos Pacheco, cercana a Vladimir Cerrón, como la encargada de recibir los fondos. Según el reportaje, el partido recibió S/79.846 mediante siete cheques y S/75.021 a través de nueve transferencias en 2023. En 2024, el Congreso realizó 39 transferencias por S/308.902. Mientras que en 2025 emitió 12 cheques por S/177.067 y 12 transferencias por S/193.520. El reportaje recuerda además que los estatutos de Perú Libre establecen un aporte equivalente al 10% del salario para determinadas autoridades y militantes que ocupan cargos de confianza en el Estado.

En Alianza para el Progreso, el reportaje señala al tesorero Luis Ricardo Mateo Alcarrás como el encargado de cobrar los cheques girados por el Congreso. Consultado por el programa, confirmó que los recursos correspondían a aportes de congresistas del partido y señaló que existía un acuerdo de la Mesa Directiva para canalizarlos. La investigación identifica 12 cheques por S/152.000 en 2022, 13 cheques por S/107.000 en 2023, 12 cheques por S/104.000 en 2024 y S/96.000 en 2025.

Existe, además un dato no menor: el sistema habría operado durante un periodo en el que la planilla del Congreso también creció de forma significativa. El número de trabajadores pasó de 3.199 en 2021 a 3.925 en mayo de 2026, es decir, más de 700 nuevas contrataciones durante el actual quinquenio. Según el reportaje, ese incremento coincidió con un mecanismo que permitió ampliar la recaudación entre militantes contratados por el propio Parlamento.

Más allá del papel que habría asumido el Congreso, la investigación también deja abierta otra discusión: ¿qué tan voluntario es un aporte cuando el monto ya viene determinado de antemano? En una contribución verdaderamente voluntaria, quien aporta también decide cuánto dinero entregar. En este caso, son los propios partidos los que fijan previamente las cuotas o porcentajes que deben aportar sus militantes. La decisión ya no consiste en elegir el monto, sino en aceptar o no una regla establecida por la propia organización política.