Cuando el Estado crece sin control, los ciudadanos pagan el costo

El debate sobre el tamaño y el rol del Estado no es ideológico: es práctico. La evidencia económica y la experiencia regional muestra que cuando un Estado crece más rápido de lo que puede gestionarse, los efectos recaen directamente sobre los ciudadanos, los contribuyentes y los emprendedores. Tres fenómenos se repiten de manera consistente a lo largo de diversas propuestas de gobiernos populistas de América Latina: controles de precios que generan escasez, expansión burocrática que reduce la inversión pública y estructuras administrativas que abren espacios para la corrupción.

Control de precios: Una historia que se repite

Uno de los mecanismos más riesgosos es el control de precios. Aunque suele presentarse como una herramienta para “abaratar la vida”, su efecto es el contrario. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo real de producción, los productores operan con pérdidas y reducen su oferta. Producir a cambio de no generar ganancias no es sensato para ningún productor, sin importar el tamaño de su negocio. La demanda, en cambio, aumenta por el precio artificialmente bajo.

El resultado de lo anterior es conocido: desabastecimiento, colas, racionamiento informal y mercados ‘negros’ donde el precio termina siendo incluso mayor que el original. La historia del Perú en los años setenta y ochenta, así como los casos recientes de Venezuela y Argentina, confirman este patrón.

Más trámites, más papeleos, más corrupción y menos negocios

A ello se suma el crecimiento del aparato estatal. La creación de nuevas entidades, fondos, institutos y empresas públicas muchas veces se hacen con la justificación de ‘redireccionar’ el estado para que pueda llegar a lugares más alejados o incluso jugar un rol protagónico en el desarrollo del país, pero al final del día no es más que un incremento del gasto corriente: planillas, oficinas, consultorías, mantenimiento y estructuras administrativas que deben financiarse todos los años. Cuando el presupuesto se destina a sostener al Estado, disminuye la capacidad de invertir en infraestructura, salud, educación, agua y saneamiento. Un Estado más grande no garantiza mejores servicios; puede significar simplemente más costos fijos.

El aumento de trámites y puntos de contacto entre ciudadanos y funcionarios también genera riesgos, siendo esto algo que se vuelve más común a medida que el estado crece en tamaño. Cada permiso, inspección o autorización es un espacio donde la discrecionalidad puede convertirse en abuso. Sin controles claros, la burocracia se vuelve terreno fértil para prácticas informales, extorsiones y decisiones opacas. La creación de nuevas oficinas sin reformas de transparencia y meritocracia solo multiplica estos riesgos.

Finalmente, el impacto sobre el emprendimiento es directo. En un país donde cumplir con trámites formales, según el índice de barreras burocráticas, demanda más de 3,300 horas al año, cualquier ampliación del rol estatal implica más permisos, más supervisión y más costos. La eliminación de regímenes diferenciados para micro y pequeñas empresas, sumada a mayores exigencias administrativas, empuja a muchos emprendedores a la informalidad o a cerrar sus negocios.

La evidencia es clara: un Estado eficiente no es necesariamente un Estado más grande. Es uno que prioriza servicios al ciudadano, reduce la discrecionalidad, evita controles que distorsionan el mercado y administra los recursos públicos con responsabilidad. Cuando el Estado crece sin control, quienes terminan pagando el costo son siempre los mismos: los contribuyentes.