| ECONOMÍA
Cuatro proyectos laborales que encarecen contratar y empujan a más empresas a la informalidad
En el Congreso avanzan iniciativas que elevan los costos laborales sin considerar que siete de cada diez empresas ya operan en la informalidad. El resultado no es más protección, sino menos empleo formal y más contratación fuera de planilla.
Redacción Vigilante
Publicado 4:56 pm, 21 mayo, 2026
La agenda laboral del Congreso viene acumulando proyectos que, aunque distintos en su forma, comparten un mismo efecto: encarecer la contratación formal. En sectores intensivos en mano de obra —comercio, servicios, manufactura y transporte— estos cambios no solo elevan los costos operativos, sino que reducen la capacidad de las empresas para sostener planillas estables. En un país donde el 70% de las unidades productivas ya son informales, imponer nuevas obligaciones no corrige el problema: lo profundiza. Todos estos proyectos están próximos a ser debatidos por el pleno del parlamento y, de aprobarse, afectarán gravemente las capacidades de operar de miles de pequeños negocios en todo el Perú.
El primer proyecto es el PL 7751/2023‑CR, que incrementa los recargos para el trabajo nocturno entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Sectores que dependen de turnos rotativos —como grifos, vigilancia o transporte urbano— verían subir el costo marginal de cada hora trabajada. La consecuencia es previsible: menos contratos formales en horarios nocturnos y más esquemas informales para cubrir servicios que no pueden detenerse.
El segundo es el PL 8041/2023‑CR, que modifica la fórmula de cálculo de utilidades aumentando el peso de los días laborados. Esto afecta especialmente a empresas con alta rotación o planillas numerosas, como retail y agroindustria. Al elevarse el monto a distribuir, se reduce el margen para mejorar remuneraciones o sostener contrataciones en temporadas de alta demanda.
El tercer proyecto, el PL 5992/2023‑CR, otorga protección especial contra despido a trabajadores con pareja gestante hasta el primer año del hijo. Aunque la intención es brindar estabilidad, en la práctica incrementa el riesgo legal asociado a cada contratación. Para muchas empresas, especialmente pequeñas, esto se traduce en evitar contratar a personas en esa situación o hacerlo fuera de planilla para reducir contingencias.
El cuarto proyecto es el PL 6799/2023‑CR, que reconoce el sábado como día no laborable por motivos religiosos. Más allá del argumento de libertad individual, un día menos de trabajo implica menor productividad y mayores costos para negocios que ya operan con márgenes estrechos. Además, introduce un trato desigual entre trabajadores y sectores que no pueden detener actividades sin afectar su sostenibilidad.
En conjunto, estas iniciativas parten de una premisa equivocada: que más obligaciones generan mejores condiciones laborales. La evidencia muestra lo contrario. En un mercado donde la informalidad supera el 70%, cada nuevo sobrecosto hace menos viable contratar formalmente. Las empresas, especialmente las pequeñas, responden reduciendo operaciones, evitando nuevas contrataciones o migrando hacia esquemas informales.
El resultado es el opuesto al que se promete: menos empleo formal, menos oportunidades y un mercado laboral más precario. En vez de construir un entorno que incentive la formalización, estas normas terminan expulsando trabajadores de la planilla y debilitando la capacidad de crecimiento de las empresas y de la economía.