¿Por qué dictaron prisión preventiva contra Martín Vizcarra?

Desde el miércoles 13 de agosto de 2025, el expresidente peruano Martín Vizcarra cumple una orden de cinco meses de prisión preventiva. La medida, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz, se basa en el alto riesgo de fuga, la posible obstrucción del proceso y la falta de arraigo del exmandatario. La decisión se enmarca en la investigación fiscal por presuntos sobornos que habría recibido durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011–2014).

Vizcarra arrastra, además, antecedentes de inhabilitación por el caso Vacunagate y sendos cuestionamientos por conflictos de interés. La Fiscalía busca una pena de hasta 15 años de prisión efectiva para el expresidente por los delitos de cohecho, colusión agravada, asociación ilícita y tráfico de influencias; mientras que la defensa recurrirá a acciones legales para revertir la medida.

A continuación, las principales acusaciones contra Martín Vizcarra:

Sobornos en Moquegua

Como gobernador regional, entre 2011 y 2014,  Vizcarra habría recibido US $640,000 (unos S/ 2.3 millones) de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de dos obras: el Hospital Regional de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. Según la Fiscalía, el exgerente de Obrainsa, Elard Tejeda, declaró que entregó S/ 1 millón en dos partes y que la empresa financió con más de S/ 35,000 el alquiler de una avioneta solicitada por Vizcarra. En el caso de ICCGSA, tres ejecutivos colaboradores eficaces confirmaron el pago de S/ 1,3 millones en entregas fraccionadas, algunas canalizadas por el exministro José Manuel Hernández, quien admitió su rol como intermediario.

Caso Vacunagate

En febrero de 2021, se descubrió que Vizcarra, su esposa y personas cercanas al expresidente se vacunaron con dosis experimentales de Sinopharm en octubre de 2020, antes de que la vacuna estuviera disponible para la población que padecía la pandemia del COVID-19. Contrario a su versión de que había participado como voluntario del ensayo clínico junto a otros 12 mil, se confirmó que no figuraba en los registros oficiales y que, en realidad, era parte de un grupo de aproximadamente 470 personas que recibieron la vacuna de “cortesía” fuera del protocolo correspondiente. El Congreso lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos, sanción ratificada por el Poder Judicial el año pasado.

Otros vínculos y conflictos de interés

Durante el gobierno de Vizcarra, surgieron cuestionamientos por contratos estatales adjudicados a su cuñado Fredy Herrera Begazo, esposo de su hermana Doris Vizcarra. Entre 2016 y 2019, Herrera firmó órdenes de servicio por más de S/ 400,000 con distintas entidades públicas, pese a que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe acuerdos con familiares hasta segundo grado de afinidad. A la vez, su hermano César Vizcarra fue investigado dentro del caso “Saqueadores de Ilabaya” por presunta participación en un esquema de corrupción municipal en Tacna que habría ocasionado un desfalco millonario.

El caso contra Martín Vizcarra representa uno de los procesos de corrupción más relevantes en la política peruana reciente. Es un panorama judicial complejo que podría marcar un precedente en la lucha contra la impunidad en altos cargos del Estado.