La Molina a merced de la inseguridad: se encontró 27 cámaras de videovigilancia inoperativas

La delincuencia crece cada día, pero a pesar de ello parece que los funcionarios municipales no atienden el problema como la prioridad que corresponde. Este sería el caso de La Molina, encabezada por el alcalde Diego Uceda, donde la Contraloría detectó que hay 27 cámaras de videovigilancia están inoperativas lo que genera el riesgo de afectar el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana en favor de los vecinos, identificar de manera oportuna algún hecho delictivo y la utilización libre de miedos de los espacios públicos frente a los diversos tipos de criminalidad.

A esta situación también se suma que el Centro de Monitoreo de Cámaras, donde están las pantallas donde se visualizan las cámaras, se encontraban inoperativa (obsoleto). Sobre ello, el representante de la Oficina de Tecnologías de la Información y Estadística (coordinador de Plataforma Tecnológica), informó que se reemplazarán las pantallas y que se encuentran realizando el estudio de mercado. “Cabe mencionar que, alternativamente, cuentan con una sala de centro de análisis de las cámaras donde pueden visualizarlas”, detalla el documento.

Otra situación adversa que encontró el ente de control es que la Municipalidad no almacena las grabaciones de las cámaras de videovigilancia por el plazo mínimo de 45 días calendario establecido en la normativa aplicable, “situación que podría afectar que la ciudadanía y las entidades competentes utilicen oportunamente dichas grabaciones y el monitoreo permanente del sistema de seguridad ciudadana”.

Finalmente, se advirtió que el Concejo Municipal de La Molina no ha aprobado el plan de acción distrital de seguridad ciudadana, situación que no permitiría contar con un instrumento alineado al plan de acción regional de seguridad ciudadana, con enfoque descentralizado, de gestión por resultados, derechos humanos, intercultural y género, articulado con los instrumentos del sistema nacional de planeamiento estratégico (SINAPLAN), en beneficio de la ciudadanía.

Cabe mencionar que el alcalde Diego Uceda fue notificado de estas situaciones el 15 de febrero, por lo que le corresponde atender esta situación con prioridad. En tanto, los vecinos y contribuyentes del distrito están en su derecho de exigir a la gestión municipal que se les brinde un buen servicio de seguridad ciudadana, dado que la entidad se financia con los impuestos ciudadanos.