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Bukele es presidente por segunda vez: ¿innovación política o riesgo para la democracia de El Salvador?
Pese a su alto nivel de respaldo, otro sector califica la imagen del mandatario como la de un dictador, pues aseguran que sus políticas de seguridad contra el crimen organizado violan los derechos humanos. ¿Podrá Bukele mantener su elevada popularidad durante su nuevo periodo de gestión?
Gabriela Llontop
Publicado 2:15 pm, 5 febrero, 2024
Nayib Bukele se consagró como el ganador de las elecciones generales de El Salvador con el 82% de votos válidos. Su victoria se debe a una serie de factores que jugaron a favor del mandatario, el mismo que logró reducir el nivel de criminalidad en el país en tiempo récord tras anunciar un Estado de excepción con plazo indefinido. Su nivel de popularidad sobrepasa el 70% y sus políticas públicas de seguridad han surtido efecto durante los últimos 5 años. Sin embargo, ¿su estrategia para combatir el crimen organizado y permanecer en el poder será sostenible en el tiempo?
Es preciso mencionar que el jefe de Estado solicitó ante la Asamblea Legislativa un permiso para dejar sus funciones durante 6 meses. Esto le permitiría postular a la contienda electoral sin transgredir ninguna ley constitucional. Pese a ello, el país continuó utilizando las medidas de seguridad adoptadas durante su gestión, las cuales son aplaudidas por ciudadanos salvadoreños y algunos residentes de países de América Latina y el Caribe.
PLAN BUKELE
El Plan Bukele nació en 2019 tras la aplicación de drásticas medidas para enfrentar la ola de sangre derramada por pandillas como los Mara Salvatruchas y Barrio 18. Si bien esta estrategia fue apoyada por gran parte de la población, diversos organismos internacionales cuestionaron el plan de ataque porque lo catalogaron como prácticas antidemocráticas que vulneran los derechos humanos.
Su estrategia se intensificó en 2022 con la aplicación de un Estado de Excepción, mismo que permitía mayor efectividad en el Plan de Control Territorial, el cual consiste en el despliegue de militares en las calles y el encarcelamiento masivo de criminales. Esto logró reducir el índice de homicidios en un 7.8%, una victoria sin precedentes tomando en cuenta que, en 2015, 106 de cada 100,000 personas eran víctimas mortales de las bandas criminales.
Entre otras iniciativas adoptadas durante su gobierno se encuentra la buena ejecución presupuestal y el planteamiento de mejor infraestructura pública, la oferta de material educativo gratuito y la adopción de bitcoin como moneda oficial, siendo estos puntos clave para reelegirse el último domingo.
No obstante, la imagen de Nayib Bukele también genera antipatía en algunos sectores de la población, debido a que no estaría respetando la autonomía del sistema legislativo y judicial a raíz de la destitución de jueces y fiscales, la intromisión en el Poder Legislativo con efectivos del orden sin aviso previo y la intimidación de medios de comunicación y organismos internacionales que defienden los derechos civiles.
¿MÁS VIOLENCIA PARA COMBATIR VIOLENCIA?
Sectores políticos sostienen que Bukele infunde una cultura de violencia. Asociaciones como Acción Ciudadana criticaron la postulación del mandatario calificándola de “inconstitucional” e, incluso existen grupos civiles que catalogaron al jefe de Estado como un dictador, es imposible negar que cuenta con un fuerte respaldo por parte de un alto número de ciudadanos salvadoreños, quienes aseguran que la tranquilidad regresó a sus vidas después de las estrategias agresivas planteadas en contra de las bandas criminales. ¿Será posible que Bukele mantenga durante los próximos 5 años este elevado nivel de simpatía con la población a pesar de mantener en pie uno de los planes de control territorial más agresivos y cuestionados de la región?
Cabe recordar que Bukele impuso, en marzo de 2022, un estado de excepción que se mantiene en la actualidad. Así, el éxito de su estrategia de seguridad conlleva unos 74.000 detenidos, el desmantelamiento de las pandillas e índices de homicidios de los más bajos de América Latina a través de la suspensión de derechos fundamentales, como el de expresión y organización.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora