S/ 22,700 millones pierden los peruanos por la minería ilegal

La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de S/22,700 millones al año (2.5% del PBI), mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos, según los resultados del estudio “Abordaje Integral de la Minería Ilegal e Informal en el Perú” que realizó la consultora V&C Analistas por encargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Además, se advirtió que la minería ilegal e informal se ha expandido peligrosamente por todas las regiones del país, destruyendo los ecosistemas y generando graves problemas sociales, ambientales y económicos en el país.

En ese contexto, Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas, alertó que la producción minera no formal, que proviene de las actividades ilegales e informales, creció a una tasa anual de 11.7% durante los últimos 10 años, estimándose que el valor de su producción supera a la del narcotráfico. Asimismo, agregó que la minería ilegal está asociada a delitos como el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada.

IMPACTO AMBIENTAL

Estas actividades ilícitas depredaron entre 2001 al 2020 aproximadamente 2’636,585 hectáreas de bosque, es decir, una tasa de 8% anual de deforestación. “Solo en Madre de Dios, una de las zonas más afectadas por la minería ilegal, los daños ambientales causados por la extracción de oro aluvial superarían los US$ 526 millones en el año 2022”, indicó Vera.

Propuesta de acción

Es necesario abordar este problema de forma integral, decidida y coordinada y, por ende, el estudio recomienda tratar esta problemática desde cuatro componentes: Orden Interno, Marco Normativo y Político, Desarrollo Institucional y Cadena Productiva, todo ello bajo un esquema de desarrollo territorial.

En ese sentido, se plantea se clasifique a la minería ilegal como una amenaza a la seguridad nacional, se diseñe una Política Nacional específica con el fin de combatirla y recuperar la autoridad y el orden interno en las zonas tomadas por esta actividad ilícita. Todo ello implica también desarrollar acciones conjuntas y coordinadas de interdicción y acción permanente.