¿La eliminación de comisiones bancarias “es una medida antitécnica”?

En Perú, cerca de 580 mil hogares recibieron créditos informales en 2022, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). De este grupo de personas, la mitad estarían pagando créditos con una tasa de interés superior al 500% mediante aplicaciones fraudulentas o por el cobro directo de la red criminal Gota a Gota de Medellín, Colombia. Algunos legisladores aseguran que la única manera de combatir la delincuencia y, por ende, las estafas bancarias es eliminar el cobro de comisiones. Sin embargo, diversos expertos se muestran disconformes con la medida.

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó la eliminación de comisiones bancarias y deberá ser debatido en el Pleno, pero se teme que los congresistas tomen una decisión apresurada y terminen perjudicando a las poblaciones más vulnerables, aquellas que suelen ser el público objetivo de estas mafias que ofrecen créditos financieros inmediatos y que terminan quitándole la vida a ciudadanos que se rehúsan a seguir pagando las ilegales tasas de interés.

El gerente general de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), Miguel Vargas, señala que esta decisión es antitécnica y que son los propios peruanos quienes tienen la capacidad de competir dentro del sistema, sobre todo, con la gran oferta de entidades públicas y privadas que se encuentran en nuestro territorio nacional. “En el país hay 17 bancos, 19 cajas, 19 instituciones de microfinanzas y cerca de 70 cooperativas. Hay muchas alternativas, y es muy bueno que las personas investiguen y escojan la opción que mejor se acomode a sus necesidades y posibilidades”.

Los parlamentarios que integran la referida Comisión argumentaron que esta iniciativa evitará que los ciudadanos que menos poder adquisitivo tienen paguen por los servicios que una entidad bancaria debe realizar de manera gratuita. No obstante, instituciones como el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) afirman que “no cobrar por este servicio podría implicar una oferta de menor calidad afectando a los usuarios finales que se busca beneficiar”.

Esta postura la comparte el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al aseverar que la aprobación de esta Ley “desincentivaría a las ESF para brindar ciertos servicios, afectando a los clientes financieros, en especial a los sectores más vulnerables en detrimento del proceso de inclusión financiera en el país”.