Sistema de salud en riesgo: ¿La política de descentralización beneficia a los asegurados?

La política de descentralización no solo fue impulsada desde el gobierno central con el objetivo de otorgarle a los gobiernos subnacionales capacidad de gasto público, sino que también buscaba que la gestión pública sea más eficiente y que, sobre todo, esté alineada con los intereses de la ciudadanía. Por ello, el presupuesto asignado a cada sector debe distribuirse a los gobiernos regionales y locales con la finalidad de invertir recursos, por ejemplo, en material escolar, medicinas o en programas de nutrición infantil que se adecuen a las necesidades de cada departamento.

Si bien el gobierno central es el encargado de aprobar diversos proyectos como la construcción de nuevos hospitales o escuelas, son los gobiernos regionales los responsables de gestionar estas obras. Sin embargo, esto no ocurre y las regiones terminan siendo desatendidas en diversos aspectos por la desidia de sus autoridades.

Solo en 2022, el gobierno de Pedro Castillo asignó S/22 mil millones al Ministerio de Salud, monto que sería útil para ejecutar nuevas postas médicas y cubrir los salarios de los profesionales de la salud. Pese a la millonaria suma transferida por el Estado, diversos problemas dentro del sector salieron a flote durante el año anterior, como la falta de hospitales correctamente equipados o la escasez de medicamentos para tratar diversas patologías.

Aunque parezca inconcebible, el 43% de peruanos asegurados al Sistema Integral de Salud (SIS) y al Seguro Social de Salud (EsSalud) adquieren fármacos a través de boticas privadas y solo 1 de cada 2 establecimientos médicos de primer nivel cuentan con especialistas para diferentes áreas, según un informe elaborado por Videnza Consultores. El referido documento también señala que 9 de cada 10 nosocomios aún no digitalizan las historias clínicas de los pacientes y que 9 de cada 10 centros de salud no cuentan con los equipos necesarios para atender a enfermos en diferentes especialidades.

Estas cifras, como si fuera poco, solo revelan cómo la desorganización dentro del aparato estatal y, sobre todo, en los gobiernos subnacionales perjudica a los sectores más vulnerables de la ciudadanía debido a que las personas de escasos recursos son las que menos oportunidades tienen de acudir a una clínica o a un consultorio de salud privado.

Sin embargo, la inadecuada distribución de fármacos y la pobre gestión de las autoridades en materia de salud (construcción de hospitales, implementación de equipos y demás) permite que los peruanos en situación de pobreza y pobreza extrema paguen hasta 4.5 veces más que el resto de connacionales. Esto se vivió en 2020 con la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, sin embargo, la situación sigue replicándose en aquellas familias que deben costear medicinas y tratamientos para familiares que padecen enfermedades raras.

Si bien la política de descentralización buscaba que los pacientes que padecen de diferentes tipos de cáncer puedan tratarse en sus propias regiones sin la necesidad de movilizarse hacia la capital, las cifras del Ministerio de Salud en 2022 revelan que del total de atenciones clínicas al menos el 65% de enfermos llevó su tratamiento en Lima Metropolitana. En regiones, la cifras de atenciones es ampliamente menor: La Libertad (7,183), Arequipa (5,107), Cusco (4,087), Junín (2,761), Lambayeque (2,458), Callao (2,045), Piura (1,511), Cajamarca (1,187), Áncash (1,118) y San Martín (1,043).

Por otro lado, un caso fuertemente sonado fue el de 6 niños en búsqueda del medicamento Translarna Ataluren Granulado para tratar la distrofia muscular de Duchenne. Como esta patología no es considerada una enfermedad rara para el gobierno peruano, estas familias se encuentran en medio de un proceso legal y burocrático que exige que el Estado adquiera el fármaco de manera oficial para así poder tratar a los menores. Es preciso mencionar que, al tratarse de una medicina muy costosa, solo el gobierno puede adquirirla y brindarla de manera gratuita a quienes la requieren.

Entonces, ¿qué está haciendo el Estado para revertir estas cifras y comenzar a brindar medicinas a tiempo a aquellos peruanos que las necesitan? ¿Acaso no es responsabilidad del gobierno central y los gobiernos subnacionales gestionar de manera adecuada la construcción e implementación de nuevos centros médicos que se adecuen a las necesidades de la población? ¿En algún momento el gobierno administrará y distribuirá de manera correcta las medicinas y equipos que se requieren en hospitales y postas dentro en el interior del país?