Descentralización y Gobiernos Regionales: el reto de la autonomía para la ejecución de obras

En el Perú, los esfuerzos por descentralizar la concentración de poder comenzaron en 1979, durante el gobierno de Fernando Belaunde Terry. Los gobiernos que siguieron, en su mayoría, plantearon continuar con los proyectos, pero casi 40 años después, el camino sigue sin cimentarse por completo.

Dentro del plan de descentralización nacional, del 2002 al 2020, hay 17 leyes, 6 decretos supremos, 2 decretos legislativos, una resolución ministerial y una resolución directorial. Todos estos folios legislativos tenían como última finalidad la asignación de competencias independientes a cada una de las 25 regiones del Perú.

Sin embargo, muy pocas de estas disposiciones constitucionales se cumplieron, porque se omitió la denominación anterior de departamentos y la creación de macroregiones. Estas últimas planteaban que la integración de departamentos en regiones no fuera definida por un plan propuesto por el Ejecutivo al Congreso, sino que se esperaba que élites regionales solicitaran diversos referéndums de integración. En 16 departamentos se llegaron a diseñar propuestas para integrarse en 5 regiones, pero todos los referéndums para ratificarlas fracasaron, según informó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Con un panorama descentralizador que parecía no tener hoja de ruta, el expresidente Alan García, al inicio de su segundo gobierno, ofreció llevar a cabo el “Shock descentralizador” con más de 20 medidas que supuestamente generarían un significativo proceso con la transferencia de funciones y competencias hacia los 25 Gobiernos Regionales ya instalados, pero muy pocas medidas se cumplieron por la exigencia de más de nueve requisitos establecidos en la Ley de Acreditación, las cuales contemplaban la presentación de diversos planes, aprobación de lineamientos sobre políticas, asignación de personal, reglamentos y manuales de organización e informes de las competencias asumidas, etc.

Actualmente, el plan de descentralización nacional contempla la asignación de recursos para la ejecución de obras, donde las 25 regiones recibe un presupuesto específico e individual de acuerdo a las necesidades de la población y a los requerimientos de los GOREs.

Entre el 2010 y el 2020, los fondos transferidos del Gobierno Nacional a los gobiernos subnacionales se incrementaron considerablemente: pasaron de S/ 11 910 millones a S/ 27 820 millones, un 134% más. Así, en el 2022, el gasto público total a nivel nacional ascendió a S/ 210,182 millones, según informa la Cámara de Comercio Exterior (Comex).

El desempeño de las regiones durante el 2022 evidenció la ejecución de S/ 44,342 millones, un valor equivalente al 88% del total presupuestado y 7.8% más que lo gastado en 2021. Según Comex, las regiones con menor ejecución fueron Tumbes, Lambayeque, Huánuco, Puno y Cajamarca. 

El sector Educación ascendió a S/ 35,895 millones, un 8.3% más que en 2021. Con esto el sector se mantuvo como el de mayor asignación presupuestal. De este monto se ejecutó el 91%, dejando un saldo de S/ 3,475 millones, equivalentes a garantizar la escolaridad de más de 163 mil niños o la construcción de 50 Colegios de Alto Rendimiento.

Por otro lado, Transporte recibió S/ 19,578 millones, un 3% más que en 2021. Al cierre del año, se ejecutó el 76% de este monto, lo cual deja un saldo de S/ 6,200 millones no gastados que equivalen a la construcción de 1,381 kilómetros de carretera asfaltada.

El sector salud recibió S/ 22,945 millones, un 9.3% más que en 2021, pero se quedaron sin ejecutar más de S/ 3,300 millones, equivalentes a la construcción de 665 centros del primer nivel de atención o la de 17 hospitales de mediana a alta complejidad.

Para la ejecución regional de obras y servicios, es necesaria la transferencia de competencias, de acuerdo con las leyes orgánicas de gobiernos regionales y municipales, que suman 185 competencias y 4810 funciones. Sin embargo, según el Informe Anual de la Descentralización al 2020, solo se ha cumplido hasta hoy con transferir a la Municipalidad Metropolitana de Lima 32 funciones, quedando pendientes 153 para regiones, es decir, que solo han recibido menos del 21 % de lo que les corresponde.

Se hace evidente la necesidad de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo lleguen a consenso y tracen un camino que permita que las regiones tengan autonomía de ejecución de obras y servicios que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, sobre todo en aquellas regiones con índices altos de pobreza, donde la ejecución bordea el 60%, como Tumbes, Lambayeque, Huánuco, Puno, Cajamarca.