Gasto descentralizado: ¿El presupuesto ejecutado por los gobiernos subnacionales benefician a la población?

La política de descentralización en el país fue útil para promover la inversión en proyectos públicos desde cualquier rincón del Perú. Sin embargo, la posibilidad de ejecutar un millonario presupuesto en regiones no es sinónimo de satisfacer las necesidades básicas de la población. Hasta 2021, la pobreza monetaria afectó al 25.9% de peruanos, hecho que revela cómo la inversión en proyectos públicos y programas que brindan apoyo a personas en situación de vulnerabilidad no está surtiendo efecto.

Las marchas y movilizaciones que reclaman servicios públicos de calidad no son nuevas en el país. Durante muchos años, los peruanos hemos observado como diferentes asociaciones civiles o sindicatos salen a las calles a protestar con el objetivo de obtener soluciones inmediatas por parte del gobierno, el cual muchas veces se olvida de ellos y no satisface sus necesidades a nivel educativo, de salud o saneamiento.

Para evitar que Lima concentre el poder político y económico del Perú, a partir de la década de los ochenta se inició con un proceso de descentralización que establece 3 niveles de gobierno: central, regional y municipal. Con esta nueva organización del Estado, estaba claro que los representantes departamentales comenzarían a tener mayor protagonismo y, además, mayor disposición de recursos y facilidad al ejecutar el presupuesto.

Pese a ello, la falta de capacidad de gestión de muchas autoridades locales ha impedido que, a través de los años, la administración pública sea aplaudida por la población y, por el contrario, generó incertidumbre respecto a qué tan útil era que los funcionarios públicos en regiones puedan hacer uso del dinero de los contribuyentes.

Esta desconfianza perdura hasta el día de hoy y, lamentablemente, las cifras la refuerzan. Hasta 2021, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que la pobreza monetaria afectó al 25.9% de la ciudadanía peruana, lo cual evidencia la poca o nula promoción de políticas y proyectos públicos que contribuyan a disminuir los altos índices de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

¿Por qué no se están gestionando nuevos y mejores hospitales públicos? ¿Por qué no se están ejecutando proyectos de saneamiento para aquellas comunidades sin acceso a agua potable y alcantarillado? ¿Por qué no se están construyendo escuelas y universidades públicas en el interior del país que promuevan la cultura y aprendizaje en aquellos niños, adolescentes y jóvenes de bajos recursos?

Existe un factor que imposibilita que el gasto público en proyectos nacionales sea eficaz: no existen profesionales capaces de gestionar recursos. Según el último informe de la Contraloría General de la República, solo el 2% de funcionarios tiene capacidad de gestión y administración de fondos públicos de inversión, mientras que el 11% solo aprueba el examen de aptitudes con una nota mínima. Un 87% de puestos del Estado vienen siendo ocupados por personas poco idóneas.

Esto ha provocado que 1,879 proyectos a nivel nacional permanezcan paralizados durante 2022 y que miles de familias se encuentren en situación de vulnerabilidad y expuestos a diversos riesgos. Si hasta 2021 el gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente S/. 35 mil millones a los gobiernos regionales y locales, ¿acaso no resulta extraño que ese dinero no se ejecute correctamente en beneficio de todos los peruanos?

Lastimosamente, durante aquel año se hizo uso de poco más de S/20 mil millones, dejando así una alta suma de dinero en las arcas que quizás pudo ser invertido para reducir los niveles de desnutrición infantil (11.5%), anemia (40%) o la falta de acceso a agua potable (alrededor de 3 millones de peruanos no cuenta con agua potable en sus hogares).