Alertan nueva escalada de violencia contra mineras en Ayacucho, Apurímac y Cusco
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía informó sobre un ataque a la minera Inmaculada en Ayacucho realizada e 31 de octubre. También anunció una posible paralización de la mina Las Bambas ante el constante bloqueo de carreteras públicas en Cusco. “Observamos que los conflictos sociales vienen siendo azuzados con fines subalternos y hasta delictivos. No puede coexistir el diálogo con la impunidad”, explicó el gremio.
Ante esta situación, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena contra la violenta incursión que sufrió la unidad minera Inmaculada, ubicada en la región Ayacucho, por parte de un grupo de 30 personas, el último lunes 31 de octubre.
“En el ataque a las instalaciones de la mina, que es propiedad de la compañía minera Ares, se puso en grave riesgo la vida y salud de 1,700 trabajadores”, indicó el gremio al precisar que las amenazas de violencia persisten en contra de la empresa.
Al respecto, la SNMPE denunció que “seudo asesores” de las comunidades son los que vienen azuzando a la población para atacar a la mina. “Se ha podido identificar que los mismos agitadores que operan desde hace varios años en el corredor minero del sur hoy se han trasladado a Ayacucho para extorsionar a las empresas mineras que trabajan en esta región”, precisó el gremio.
Cabe recordar que la situación en Las Bambas es crítica porque, desde el pasado 28 de octubre, se bloquea con total impunidad las carreteras en los sectores de Tuntuma y Huincho en la provincia de Chumbivilcas, así como la ruta alterna de Coyabamba en Paruro, lo que impide el libre tránsito de los trabajadores, el ingreso de insumos y alimentos, así como el transporte de la producción de dicha operación minera.
“Las Bambas ha sufrido el bloqueo de las vías de acceso a la mina en más de 549 días desde que inició operaciones en el año 2016”, indicó la SNMPE al señalar que la minera, que aporta el 16% de la producción cuprífera nacional y da empleo a más de 8 mil trabajadores y proveedores, es blanco de un permanente ataque que boicotea sus operaciones.
“Es notable el debilitamiento de la capacidad del Estado para enfrentar los conflictos que están afectando a toda la sociedad y a nuestra capacidad, como país, de reactivar la economía, garantizar la seguridad de la población y generar empleo formal”, subrayó la SNMPE.
Esta escala violentista contra el sector minero también se ha extendido a otras zonas de la región Cusco. La compañía minera Antapaccay viene siendo hostigada por líderes de organizaciones civiles quienes exigen supuestos compromisos incumplidos. “Observamos que los conflictos sociales vienen siendo azuzados con fines subalternos y hasta delictivos. No puede coexistir el diálogo con la impunidad”, puntualizó la SNMPE.