Gobierno transfiere S/4.000 millones a Petroperú y avala líneas de crédito de US$500 millones

A través de un decreto de urgencia, el Ejecutivo formaliza salvavidas financiero a empresa estatal casi quebrada para evitar desabastecimiento de combustibles que se agrava en los grifos. La deuda de la mayor compañía pública del país se disparó, en 37%, durante el gobierno de Pedro Castillo sin ninguna restricción ni rendición de cuentas.

El anunciado salvavidas a Petroperú se oficializó este miércoles 26 de octubre, a través de un decreto de urgencia del Ejecutivo que transfiere S/ 4,000 millones adicionales a su patrimonio para intentar salvarla de la quiebra, algo que muchos expertos consideran inevitable, por la grave crisis financiera y de credibilidad que atraviesa.

El monto, que inicialmente se dijo que sería de US$ 1.000 millones, saldrá de los saldos de libre disponibilidad del Tesoro Público, es decir, dinero de todos los peruanos, lo que se suma al préstamo de US$ 750 millones que el MEF le hizo a Petroperu en mayo pasado para sostener la liquidez de la empresa.

El gobierno trata de justificar el despifarro de nuestros impuestos al señalar que la medida busca evitar el desabastecimiento y alza de combustibles, pero el racionamiento en los grifos sigue agravándose y la gasolina continúa cara: subió en 40% solo en 2022.

A ello se suma que la deuda de Petroperú -que pagaremos todos los peruanos- se disparó en 37% desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo, quien colocó al frente de la petrolera estatal a Hugo Chávez Arévalo, y lo mantuvo en el cargo entre octubre 2021 y marzo 2022, a pesar de las denuncias de corrupción en la compra de biodiésel que ahora la fiscalía investiga y que implica directamente al mandatario, acusado además, por su propio entorno, de recibir dinero por la designación de Chávez.

El decreto señala que Petroperú contratará a una consultora internacional para preparar y presentar ante la Junta General de Accionistas un plan de reestructuración antes del 31 de julio del 2023, pero más allá de la mención, no se señala qué pasará si no cumple y no se incluyen otras metas o exigencias para que la compañía estatal comience a solucionar sus problemas de liquidez, como recuperar el grado de inversión que perdió. Tampoco queda claro si con la medida cubrirá su déficit de capital de trabajo, que supera los US$1,040 millones.

“El gran drama de la política pública peruana es la falta de rendición de cuentas. Todo indica que es recontra fácil meterle la mano al bolsillo al peruano. Nadie reclama. Tremendo billetón le siguen transfiriendo a  Petroperú mediante decreto de urgencia. Sin ley. Así de fácil”, apunta David Tuesta, exministro de Economía.

Petroperú tampoco ha presentado sus estados financieros del 2021 auditados, pese a que anunció que lo haría el 30 de septiembre, lo que sumado a la falta de confianza que genera su falta de transparencia, ha provocado que le sea muy difícil lograr financiamiento privado. De sus US$2,900 millones de línea de crédito renovables no comprometidas, hay US$1,200 millones bajo revisión.

Por ello, además del aporte de capital, el decreto en mención dispone de una operación de endeudamiento de corto plazo como garantía para línea de crédito hasta por US$ 500 millones para operaciones de importación de crudo, combustibles, derivados y otros, como el biodiésel. La medida detalla que la garantía es para operaciones que contrate con el Banco de la Nación, y el plazo es por un año.

“Además de US$ 1.000 millones que ha transferido MEF que no se devuelven, han aprobado línea de crédito de US$ 500 millones que debe otorgar el Banco de la Nación. Todo lo han aprobado por decreto de urgencia y no por ley. Si sumamos US$ 750 iniciales el forado ha sido de US$ 2.250 millones”, apunta el economista Luis Alberto Arias Minaya, al alertar que la situación de Petroperú es muy delicada, por no decir insostenible.

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