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Las Bambas: 43 días de paralización minera y gobierno sigue sin poder resolver el conflicto

Hasta la fecha se han perdido más de US$400 millones en exportaciones y S/ 220 millones en rentas para el Perú y Apurímac. Tras dos días de reuniones en la PCM, el último intento de diálogo que encabezó el mismo presidente Castillo, fracasó. Las comunidades piden nuevas demandas, según MMG Las Bambas.

Comuneros mantienen su medida de fuerza en Apurímac. Ejecutivo no logra enrumbar diálogo. (Foto: Andina)

No hay acuerdos. La empresa minera MMG Las Bambas informó que son 43 días de paralización de la operación minera que ha generado más de US$ 400 millones en exportaciones y más de S/ 220 millones en rentas para el país y la región Apurímac. En ese sentido, lamentó que el Ejecutivo y las seis comunidades de la región (Fuerabamba, Huancuire, Pumamarca, Chuicuni, Chila y Choaquere) no lleguen a un acuerdo para la liberación del terreno invadido y la reanudación de operaciones, a pesar de dos días de reuniones en la PCM. En el último encuentro incluso participó el presidente Pedro Castillo, pero el diálogo igual fracasó.

La empresa minera explicó que “muchas de las demandas de los comuneros son nuevas y no están consignadas en acuerdo anteriores y, entre ellas, figuran esquemas no contemplados en el ordenamiento legal vigente, como por ejemplo, una participación del 50% de las utilidades de MMG a cambio de un supuesto aporte de terrenos, los cuales ya fueron adquiridos y pagados por Las Bambas a la propia comunidad en 2013”.

En ese contexto, las comunidades exigen levantar el estado de emergencia en la zona y que se retiren los efectivos policiales para mantener el diálogo. En tanto, el dirigente de Fuerabamba Edison Vargas solicitó implementar un plan denominado ‘Waki’, que propone que la comunidad sea socia directa de la empresa minera. Por su parte, el premier Aníbal Torres ratificó “si ellos levantan la huelga, nosotros levantamos el estado de emergencia”.

TRABAJADORES PERJUDICADOS

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi sostuvo que “los perjudicados son los trabajadores de la mina y los que proporcionan servicios que ven cortados su medio de vida y son afectados por la paralización”. “Pasa a ser un chantaje porque sin existir un derecho y al plantear uno adicional y exigir con medida de fuerza, es inaceptable”, sostuvo.

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