¿El gobierno no quiere más trabajadores formales?

Según un informe de Apoyo Consultoría, “el gobierno viene promoviendo iniciativas que desincentivarían la creación de empleos formales y agravarían el problema de la precariedad laboral en el país”.

Para la firma de análisis económico, el aumento del salario mínimo, la inclusión del refrigerio como tiempo trabajado, el aumento de la indemnización por despido arbitrario de 1,5 a 3 sueldos por año sin tope de 12 sueldos y de las restricciones para realizar ceses colectivos; así como la reciente restricción a la tercerización, solo pueden desincentivar la creación de empleo formal y agravar los problemas del mercado laboral peruano.

En Perú, el 70% de los trabajadores son informales, no tienen ningún beneficio social y sus salarios reales han caído más de 15% en los últimos 2 años. Y estas medidas solo beneficiarán a segmentos específicos que son minoritarios en el mercado laboral, especialmente a los sindicatos que solo representan al 2% de los trabajadores.

Aumentar el salario mínimo solo beneficia al 4% de trabajadores. Los trabajadores tercerizados solo representan el 1% de la PEA ocupada y los trabajadores con contratos de plazo indefinido no superan el 7%. Así, en general el 95% de los trabajadores del Perú no serán beneficiados con estas normas.

¿Qué normas sí beneficiarían a la gran mayoría de trabajadores peruanos? La facilidad en la creación de empresas para tener más oportunidades laborales, la reducción de costos a la contratación y también al despido, para que las relaciones laborales sean más ágiles, simples y dinámicas, la promoción de grandes obras de infraestructura y minería que pueden generar cientos de miles de puestos de trabajo, la flexibilización de los procesos de fiscalización de las entidades del Estado que solo aprietan y estrangulan a las empresas formales, quitándoles el incentivo para contratar trabajadores de manera formal, entre otras.

Para Apoyo, el gobierno está promoviendo medidas inconvenientes, cuando la mayoría de la población está viviendo una crisis de trabajo precario, y cuando nuestra legislación laboral ya es una de las 10 más rígidas del mundo, en cuanto a las políticas de contratación y despido.

Algunas conclusiones a las que llegan los especialistas de Apoyo que vale la pena resaltar:

• La tercerización es un mecanismo de contratación usado en todo el mundo y permite mejorar la productividad y competitividad de las empresas. Una empresa especializada puede hacer algunos procesos productivos de manera más eficiente que la propia empresa principal y atender a varias empresas.

• El uso de la tercerización en nuestra economía es transversal. Más del 60% de empresas en los sectores manufactura, servicios, construcción, minería, comercio y pesca hacen uso de la tercerización. Es más, las empresas que brindan el servicio de tercerización, a su vez subcontratan otras empresas, usualmente de menor tamaño, con lo cual se logra un encadenamiento desde la gran empresa a la pequeña empresa.

• Los trabajadores de las firmas que brindan servicios de tercerización son formales y están doblemente protegidos, pues la empresa que contrata el servicio es responsable solidaria en el cumplimiento de los beneficios laborales.

• Los trabajadores tercerizados ganan cerca de 80% más que sus contrapartes en el sector informal. Las inequidades que podrían existir con los trabajadores de planta, no se resuelven impidiendo la tercerización, sino regulando los beneficios laborales y mejorando la fiscalización.

• Las restricciones que se han impuesto a la tercerización al prohibir su aplicación en el núcleo central de la empresa – concepto que no se menciona en la ley – y su ambigua definición generarán incertidumbre, arbitrariedad y mayores costos de transacción para las empresas. En la práctica, el Ministerio de Trabajo tendría que establecer criterios para definir qué actividades son parte del núcleo central en cada industria para evitar arbitrariedades; sin embargo, estos criterios difícilmente podrían considerar las particularidades de cada empresa, por lo que estarían sujetos al juicio y discreción del funcionario público.

• Si el objetivo es corregir los probables problemas de abuso de la figura de la tercerización y las posibles inequidades entre trabajadores de planta y tercerizados, la solución no es eliminar o restringir la tercerización, sino más bien mejorar la fiscalización y dar medidas que permitan una mayor equidad.

• Los cambios no están pensados para favorecer a la mayoría de la población que trabaja en la informalidad. Por el contrario, sólo beneficiará a un segmento minoritario de trabajadores de empresas tercerizadoras que podrán insertarse en la empresa principal. En México, ante una medida similar, solo el 54% de trabajadores de empresas tercerizadoras fueron contratados en la planilla de la empresa principal.

• Medidas como esta, segmentan aún más el mercado laboral, con una minoría formal y una mayoría informal, afectando la posibilidad de que el empleo formal crezca y absorba a trabajadores informales. Además, se afectaría principalmente a trabajadores de niveles socioeconómicos medios y bajos, que componen la mayor parte del empleo tercerizado.

• Los cambios al reglamento de tercerización faltaron a las normas de transparencia. No se consultó al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), ni se pre-publicó el proyecto como lo establecen los acuerdos de libre comercio que el Perú ha firmado.

• Lo más conveniente es derogar los cambios al reglamento de tercerización aprobados y sustituirlos por una norma consensuada en el CNT que corrija las posibles inequidades entre trabajadores. Se podría considerar incrementar el rol fiscalizador de la empresa que terceriza, obligándola a exigir ciertos estándares a la empresa tercerizadora; o distribuir los beneficios que genera la empresa principal a los trabajadores tercerizados; entre otros, que podrían incluso discutirse en el Congreso mediante un proyecto de ley que perfeccione los beneficios de la tercerización.