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¿Qué está pasando en el MTC y cómo así Juan Silva continúa al mando de este ministerio?

Redacción Vigilante Publicado 8:57 am, 10 Febrero, 2022

Más allá del cuestionado currículo del ministro Silva, revisemos en esta nota lo que ocurre en el Ministerio y el peligro que corre la reforma del transporte.

Juan Francisco Silva Villegas es ministro de Transportes y Comunicaciones desde el 29 de julio del 2021, es decir es la cuarta vez que es ratificado en dicha cartera en lo que va del gobierno de Pedro Castillo. El único caso en el que esto ha ocurrido. Pero más allá de su cuestionado currículo personal, lo que llama la atención es lo que está ocurriendo dentro de dicho ministerio con él a la cabeza y el riesgo de retroceso que corre la llamada reforma del transporte.

Así como hemos visto que durante este gobierno se han hecho una serie de nombramientos en diversos ministerios a personal no lo suficientemente capacitado para los cargos o con una hoja de vida cuestionable, no fue la excepción en el MTC. Apenas al estrenarse en el cargo, Silva designó como secretario general del MTC a Mario Rubio Uriarte, un sentenciado por atropello que tenía papeleta por manejar un vehículo ebrio.

Luego, puso a Alberto Falla como director de Pro Movilidad a pesar de que su empresa había certificado al camión de GLP que explotó en Villa El Salvador y causó 34 muertes. Además  nombró como director de Provías Descentralizado a Víctor Valdivia, quien tiene procesos penales de peculado y violencia familiar, entre otros. Otros funcionarios de Silva tienen infracciones de tránsito, como Fabián Susaníbar y Michael Acosta, jefes de las direcciones de autorizaciones y fiscalización en este ministerio.

Algunas de estas personas fueron dejando los cargos ante el escándalo de sus propios nombramientos, pero otros se mantuvieron o, en todo caso, duraron algún tiempo en esos cargos. Y se trata de cargos y puestos que son importantes y que impactan directamente en el transporte que usamos todas y todos así como en la seguridad vial.

Es el caso de Pro Movilidad ó Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible, creado recién en el 2019 y que tiene la responsabilidad de, como señaló María Jara, presidenta Ejecutiva de la ATU: “Promovilidad es la respuesta institucional a este problema, financiará sistemas de transporte, brindará acompañamiento a las municipalidades, convocará asistencia técnica de los cooperantes internacionales y del propio MTC”.

Provías descentralizado y el caso Starost

En el caso de  Provías Descentralizado se trata de la unidad ejecutora del MTC, encargado de implementar mecanismos técnicos, institucionales, legales y financieros para garantizar la sostenibilidad de las inversiones viales. Es decir, se encarga de gestionar los presupuestos del ministerio y convocar a los concursos públicos para licitaciones de grandes obras viales.

Como se recuerda y ha investigado Vigilante, el 14 de enero, Provías Descentralizado, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), declaró nulo el contrato N° 089-2021-MTC/21que firmó en octubre pasado con el consorcio Puente Tarata III para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región San Martín, por un monto de S/ 232,5 millones. La licitación para esta obra la había ganado el consorcio del mismo nombre, integrado por la empresa Termirex S.A.C, a la que asesoraba Karelim López. La misma que visitó varias veces al presidente Castillo tanto en Palacio de Gobierno, como en la casa de Breña, entre agosto y noviembre del año pasado.

En un informe publicado por Vigilante hace unas semanas, dimos cuenta de otro personaje vinculado a este mismo caso. Se trata del abogado árbitro y excandidato presidencial Álex Starost Gutiérrez, quien visitó cinco veces Palacio de Gobierno entre el 30 de noviembre y el 9 de diciembre, para reunirse con el presidente Castillo y también con el ministro Juan Silva del MTC. Starost también es la persona a la que el propio presidente Castillo le habría pedido que “investigue” de parte lo sucedido con la licitación del cuestionado proyecto Puente Tarata III.

A pesar de todo ello, el último 27 de enero, Silva nombró a Starost como como asesor II del despacho ministerial, un cargo de confianza. Cargo en el que se mantiene hasta el momento. Mientras el caso continúa siendo investigado por la Fiscalía.

La contra reforma del transporte

El Poder Ejecutivo, en diciembre de 2018, finalmente creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), una entidad que tiene por objeto la reforma del transporte público para impulsar un nuevo sistema integrado, con empresas formalizadas y la licitación de las rutas. Ello en respuesta del alto nivel de informalidad en el transporte público y también la alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito que se ha venido dando en las últimas décadas. Ello inauguró los esfuerzos desde el Estado para realizar una reforma integral del transporte.

Sin embargo, en julio del 2021, cuando Juan Silva ingresó al MTC, al poco tiempo de asumir el ministerio, además de las cuestionadas designaciones reportadas líneas arriba, sostuvo reuniones con las empresas de combis con las que pactó ampliar sus permisos de circulación y una amnistía de sus S/ 53 millones en papeletas de tránsito. Silva también estableció la norma para el empadronamiento de los taxis-colectivos con solo una declaración jurada y acciones legales que disponen que Sutrán elabore ese padrón cuando su función es fiscalizar a estos vehículos informales. Silva también se reunió con estos gremios con los que acordó su formalización.

Pero además se comprometió con un grupo de transportistas a extender por 10 años más la autorización para al funcionamiento de combis y cústeres, y les ofreció cambios en las jefaturas de la Sutrán y de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao. Con lo cual desautorizó a esta institución con la visión de ponerla al servicio de intereses particulares de estos transportistas.

Para su buena suerte, el ministro Silva sorteó un pimer intento de interpelación en el Congreso, acudió a un segundo que también sorteó ya que no se alcanzaron los votos necesarios para su censura.

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