Seguridad energética en el Perú: Una urgencia impostergable, por Luis Fernández

* Por Luis Fernández, director de Gas Energy Latin America

Cada vez que sube el precio de los combustibles, el impacto se siente de inmediato en el bolsillo de las familias. Aumenta el costo del transporte, se encarecen los alimentos y se incrementan los precios de insumos clave como los fertilizantes. Lo ocurrido en los últimos meses, con las tensiones en Medio Oriente y las interrupciones en el suministro de gas natural, ha vuelto a evidenciar una realidad que el Perú arrastra desde hace años: su alta vulnerabilidad en materia energética.

Actualmente, el país demanda alrededor de 280 mil barriles diarios de combustibles líquidos y tenemos una capacidad de refinación cercana a los 200 mil, pero solo se produce en promedio 40 mil diarios de crudo, por lo tanto, tenemos que importar aproximadamente 160 mil barriles de crudo y 80 mil barriles de productos terminados. A ello se suma otro riesgo estructural, cerca del 95% del suministro de gas natural proviene de una sola fuente y de una sola infraestructura de transporte. En decir, cualquier contingencia nos impacta directamente en la economía nacional.

El problema es estructural. El petróleo y el gas natural representan entre el 70% y el 80% de la matriz energética primaria nacional, por lo que cualquier alteración en su disponibilidad o precio impacta directamente en la inflación, la competitividad y la estabilidad macroeconómica, por lo que, reducir esta vulnerabilidad es urgente. Frente a esto, el Perú debe tomar algunas decisiones claves al respecto, como fortalecer la producción de crudo en la selva, diversificar las fuentes de producción de gas natural y descentralizar su desarrollo energético.

En este contexto, la seguridad energética debe abordarse como una política de Estado. Esto implica enfrentar desafíos largamente postergados: limitada infraestructura de transporte, insuficiente capacidad de almacenamiento y bajos niveles de inversión en exploración. Sin embargo, uno de los puntos más críticos hoy, es la alta dependencia del sistema gasífero de Camisea, situación que quedó en evidencia tras los recientes eventos registrados en su infraestructura.

Enfocándonos en este último punto, resulta clave mirar hacia nuevas fuentes de abastecimiento y en particular, a la región Piura que emerge como una alternativa estratégica. Actualmente se producen alrededor de 80 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y cuenta con el potencial para duplicar esa producción en el corto plazo, contribuyendo a abastecer una parte significativa de la demanda energética del norte del país.

El desarrollo de este potencial permitiría diversificar la oferta energética, atraer inversiones cercanas a los US$ 2,000 millones, generar empleo y ampliar el acceso a energía más económica para hogares, transporte e industria. Los beneficios de la masificación del gas natural son tangibles: en ciudades donde ya se ha expandido su uso, los hogares pueden llegar a ahorrar alrededor de 360 soles anuales y un taxista más de 10,000 soles anuales.

No obstante, convertir ese potencial de producción de gas en una realidad requiere condiciones adecuadas. Hoy existen diferencias regulatorias a lo largo de la cadena de valor que ponen al upstream en una situación rígida y de menor predictibilidad, mientras que el transporte y la distribución cuentan con mecanismos de extensión de contratos que permiten continuidad operativa e inversiones de largo plazo.

A ello se suman procesos administrativos complejos, permisos fragmentados y largos tiempos de evaluación ambiental que retrasan el desarrollo de proyectos estratégicos. El reto no pasa por debilitar los estándares ambientales o sociales, sino por construir un sistema más eficiente, con criterios técnicos uniformes y una mejor articulación institucional.

Fortalecer la producción nacional de gas natural no debe entenderse únicamente como una agenda sectorial, sino como un pilar de la seguridad económica del país, porque cuando la energía se vuelve más cara o escasa, no solo se afecta la economía sino también se deteriora directamente la calidad de vida de los ciudadanos.