Una elección bajo presión: fallas logísticas de la ONPE marcaron la primera vuelta del 2026

La crisis del 12 de abril ya no se explica solo por una demora en el reparto de material electoral. Un contrato sobrevalorado, una empresa que ya había sido sancionada, una advertencia previa de la Contraloría, una logística improvisada y una investigación fiscal en curso muestran la ineficiencia operativa de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Una grave situación que abrió dudas sobre la legitimidad de las Elecciones 2026.

El problema fue evidente desde las primeras horas del día. En distintos puntos de Lima Metropolitana varias mesas no pudieron abrir a las 7 a.m. por la falta de ánforas y cédulas. Conforme se acercaba el mediodía y vencía el plazo legal para la instalación, la ONPE seguía sin activar una respuesta efectiva, por lo que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió extender la apertura de mesas hasta las 2 p.m. y la votación hasta las 6 p.m., en un intento por contener la emergencia.

La medida no logró normalizar la jornada. A las 2 de la tarde, una alerta de la Asociación Civil Transparencia mostró que dentro de su muestra de observación en la capital, el 13% de las mesas aún no había abierto, lo que equivalía a unas 3,500 cabinas de votación y cerca de 850,000 electores afectados. Horas más tarde, la ONPE confirmó que a nivel nacional quedaron 211 mesas sin instalar, todas concentradas en 15 locales de la capital, ubicados en San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacámac (5). En total, 63,300 ciudadanos no pudieron votar ese domingo y recién lo hicieron al día siguiente, en una jornada extraordinaria trasladada a un lunes laborable, en la que no se aplicarían multas por omisión al voto, reduciendo aún más las posibilidades reales de participación.

Las Elecciones 2026 rompen la tendencia: en 2011, 2016 y 2021, las mesas no instaladas  fueron 47, 26 y 37, respectivamente. Y convierte esta jornada en el peor registro de la historia electoral reciente.

La ruta del fallo: contrato, camiones detenidos y ausencia de personal ONPE

La explicación oficial apuntó inicialmente a Servicios Generales Galaga, empresa contratada para trasladar el material electoral en Lima y Callao, como la principal responsable de los retrasos. Sin embargo, la secuencia operativa muestra una falla más compleja: el material que normalmente debía llegar entre viernes y sábado a cada local para permanecer bajo resguardo de las Fuerzas Armadas hasta el día de la elección no llegó a completar esa última etapa del despliegue.

Videos y testimonios de trabajadores y choferes terminaron de cambiar el foco del problema. Según esa versión, los camiones estaban cargados y listos desde la víspera, pero permanecieron detenidos en Lurín durante horas porque no había personal de la ONPE para autorizar, recepcionar o supervisar la salida del material hacia los locales de votación.

Ese detalle volvió más difícil sostener que el problema fue solo del proveedor. La controversia se agravó porque la Contraloría ya había advertido observaciones sobre la capacidad de la empresa desde el 24 de marzo, casi tres semanas antes de la elección. Aun así, el contrato siguió adelante. Además, Galaga no solo ya había recibido penalidades previas de la propia ONPE, sino que fue elegida pese a presentar una oferta de S/ 6,368,332, superior a otras propuestas más económicas que participaron en el proceso.

Acciones legales y responsabilidades en evaluación

La crisis escaló al terreno judicial en dos carriles paralelos: la ruta policial y la electoral. El lunes 13 de abril, la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR) de la Policía Nacional intervino ante una presunta situación de flagrancia vinculada a la omisión o demora de actos funcionales y detuvo preliminarmente al entonces gerente de Gestión Electoral de la ONPE, José Edilberto Samamé Blas. Tras vencer el plazo legal de la intervención, Samamé fue puesto en libertad, aunque continúa siendo investigado.

Fue durante esa declaración que la línea de responsabilidades se amplió. Samamé señaló a Juan Phang Sánchez, subgerente de Producción Electoral, como el funcionario encargado de monitorear y supervisar el cumplimiento del contrato con Galaga, una versión que desplaza el foco desde la ejecución del proveedor hacia la cadena interna de control de la ONPE.

En paralelo, el JNE presentó una denuncia penal contra Piero Corvetto, tres funcionarios adicionales de la ONPE y un representante de la empresa Galaga. La acusación comprende tres presuntos delitos: atentado contra el derecho de sufragio, omisión o demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, una combinación que eleva la crisis desde una falla logística hacia eventuales responsabilidades penales por el impacto sobre el derecho al voto de miles de ciudadanos.

Un problema estructural en una institución clave

Especialistas en gestión pública como María Isabel Torres, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), advierten que “una falla de esta magnitud revela debilidades profundas en la capacidad operativa del sistema electoral, especialmente en su fase logística”. La diferencia con procesos anteriores es decisiva: mientras antes los retrasos solían concentrarse en zonas rurales de difícil acceso, esta vez el colapso ocurrió en Lima Metropolitana, el espacio donde la logística debería ser más previsible y controlable.

Esa es la señal más inquietante que deja la jornada. Si el sistema electoral no logró asegurar la apertura de mesas en la capital —donde están concentrados recursos, personal y capacidad de respuesta—, la crisis deja de ser un error puntual para convertirse en una alerta sobre la fortaleza institucional de la ONPE y su capacidad para resguardar la confianza en los resultados de una elección nacional.