US$160 mil millones de brecha vial en regiones por ineficiencia estatal


Las regiones del interior del Perú continúan enfrentando serias brechas en infraestructura vial que limitan su desarrollo económico y social. Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la red vial nacional pasó de 140,000 km en 2019 a 155,000 km en 2024, con un avance de pavimentación de 25% a 32% en el mismo periodo. Sin embargo, en áreas rurales de Amazonas y Puno la cobertura sigue por debajo del 20%. La ineficiencia estatal se refleja en la baja ejecución presupuestal: apenas el 70% del gasto se concreta. A ello se suman escándalos de corrupción, como la reestructuración de Provías en 2025 para enfrentar mafias de licitaciones.
En contraste, la inversión privada empieza a marcar diferencia. A través de Obras por Impuestos (OxI), se adjudicaron 94 proyectos en los primeros meses de 2025, acumulando un total de 726 proyectos desde 2009. Estas iniciativas muestran potencial para mejorar la infraestructura crítica. Entre las concesiones destacan el Tren Huancayo-Huancavelica (US$ 565 millones) y la Vía de Evitamiento en Cusco (US$ 943 millones).
La brecha se evidencia a nivel nacional. Un análisis comparativo entre 2019 y 2025, basado en datos oficiales del MTC, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y reportes del Banco Mundial, revela avances modestos pero insuficientes, agravados por ineficiencias estatales, corrupción y la necesidad urgente de mayor participación privada a través de OxI y concesiones.
En dicho periodo, Piura aumentó sus vías pavimentadas de 1,200 a 1,500 km, mientras Amazonas solo pasó de 500 a 550 km, dejando aisladas a comunidades indígenas. Mientras Cajamarca y Áncash mantienen menos del 20% de pavimentación, frente a Arequipa y Cusco, donde minería y turismo impulsaron mejoras de hasta 25%.
Esta problemática se atribuye en gran medida a ineficiencias del Estado. El MTC planeó pavimentar 5,000 km bajo Provías para 2025, pero solo ejecutó 3,500 km, con tasas de ejecución presupuestaria del 70%. Escándalos de corrupción, como la reestructuración de Provías en agosto 2025 para combatir «mafias» en licitaciones, y casos como el «Club de la Construcción» en La Libertad y Arequipa, han desviado fondos, estimados entre el 20 y el 30% de sobrecostos. El Banco Mundial destaca que estas ineficiencias amplían el coeficiente Gini en regiones como Cajamarca (de 0.42 en 2019 a 0.45 en 2025), donde los costos de transporte son entre el 25 y el 30% más altos en áreas remotas.
Por otro lado, la seguridad del transporte también refleja desigualdades. En Cajamarca los accidentes fatales crecieron 10% en cinco años, mientras en Piura y San Martín los viajes interprovinciales enfrentan riesgos por robos, sobrecarga y fallas mecánicas. En contraste, Arequipa y La Libertad redujeron en 20% los accidentes nocturnos gracias a mejoras en iluminación.
Ante este escenario, los mecanismos de asociación público-privada (APP) y concesiones aparecen como alternativas clave. ProInversión estima que en 2025-2026 se canalizarán US$ 17 mil millones bajo esta modalidad, con proyectos emblemáticos como la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1,582 millones), el Terminal Portuario de Chimbote (US$ 262 millones) y la Vía de Evitamiento en Cusco (US$ 943 millones).
Mientras el Estado lucha con ineficiencias y corrupción, la participación privada emerge como motor para cerrar brechas de conectividad y seguridad, condición esencial para un desarrollo más equitativo en las regiones.