Congresistas buscan derogar ley que impide a docentes sentenciados seguir en las aulas

El pasado 11 de enero se promulgó la Ley 32242, que impide la continuidad en el magisterio de docentes procesados y sentenciados en primera instancia por delitos como terrorismo, apología al terrorismo, violación o tráfico de drogas. Si bien la norma fue saludada por aquellos que defienden el derecho de niños y adolescentes al acceso de un óptimo servicio educativo, los congresista Flavio Cruz, Paul Gutiérrez y Alfredo Pariona; miembros de la Comisión de Educación del Congreso, proponen la derogación de la Ley, bajo el argumento de que se estaría vulnerando el derecho al trabajo.

El parlamentario Waldemar Cerrón mencionó que la norma viola la presunción de inocencia y priva de sus derechos a los maestros que, según su criterio, fueron “sentenciados injustamente”. No obstante, diversos expertos como el abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gomez, se oponen a la derogación de la Ley N° 32242, debido a que “es válido, legal y coherente impedir el ejercicio de la docencia a personas que tengan antecedentes por delitos tan graves e incompatibles con la función docente. No se pueden normalizar estas situaciones. Hay que recordar que estos impedimentos también aplican para la postulación a cargos públicos como Presidente de la República y congresistas”.

Permitir que docentes sentenciados continúen en el magisterio no solo pone en peligro la educación de miles de estudiantes en colegios públicos y privados a nivel nacional, sino que también pone en duda sobre el destino final de los recursos del Estado, debido a que los sueldos de estos maestros son financiados con el dinero de los contribuyentes.