Fecha: 5 Octubre, 2024 Tipo de cambio : s/ 3.724

¿Los partidos políticos son financiados con el dinero de los contribuyentes?

Durante el periodo 2021-2026, los partidos políticos recibirán un presupuesto de aproximadamente S/78 millones. Expertos cuestionan este criterio de asignación de recursos debido a que, agrupaciones como Perú Libre, iniciaron el período parlamentario con 37 curules, pero hoy solo cuentan con 11.
Gabriela Llontop Publicado 4:46 pm, 24 Septiembre, 2024

Los partidos políticos con representación nacional en el Poder Legislativo recibirán un presupuesto de aproximadamente S/78 millones durante el periodo 2021-2026. Si bien el 40% de estos fondos se distribuyen equitativamente entre cada una de las agrupaciones, el 60% se destina en función al número de votos y curules obtenidos durante las elecciones. Expertos cuestionan este criterio de asignación de recursos debido a que las bancadas se reestructuran a medida que pasa el tiempo con la renuncia de parlamentarios.

El caso más representativo es el de Perú Libre, del prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, que obtuvo 37 curules tras las Elecciones Generales 2021. Sin embargo, en la actualidad, esta bancada registra solo 11 congresistas. Pese a ello, este partido político continúa recibiendo aproximadamente S/1 millón cada semestre.

Otro punto cuestionable de la norma que permite la asignación de recursos públicos, dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes, a favor de las agrupaciones políticas es la finalidad que éstas le otorgan. Es decir, según la ONPE, el 50% de este dinero debe destinarse en “actividades específicas como la formación, capacitación e investigación”, mientras que, la otra mitad, en el “funcionamiento ordinario del partido”. No obstante, no existe mecanismo que permita medir el correcto uso de estos fondos.

La crítica de los especialistas también se centra en la dificultad que encuentran algunas empresas privadas o personas naturales para aportar formalmente a las agrupaciones políticas, mientras que no existe un correcto proceso de fiscalización por parte de las autoridades competentes para frenar que economías ilegales inyecten presupuesto de manera ilícita.

Gabriela Llontop Periodista y redactora

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