¿Nepotismo y manipulación en PCM?: Otárola con un pie fuera por contrataciones cuestionables a allegadas

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, podría dejar el cargo en las próximas horas tras verse comprometido en presuntos actos irregulares tras la difusión de un audio donde le solicita su hoja de vida a Yaziré Pinedo, una amiga cercana al servidor público, con la presunta finalidad de otorgarle un puesto laboral  dentro de alguna de las entidades estatales.

A pesar de que el premier negó los hechos, lo cierto es que desde que inició su gestión se vio comprometido situaciones similares con otras mujeres, sin embargo, con la difusión del audio se corroboraría la irregularidad a la que se suman otros cinco casos, tal como se mencionó en la moción de interpelación que se presentó en el Congreso por este caso. “Al igual que la señora Pinedo, se habrían contactado, a pedido del premier, otras seis ciudadanas”, se lee.

LA LISTA

El caso de Yaziré Pinedo Vásquez se conoció en septiembre de 2023, pues fue beneficiada con dos órdenes de servicio por un valor de S/53,000. De la misma manera ocurrió con la abogada Rosenith Pinedo Dávila dado que logró un contrato con el Estado tras visitar al premier el 30 de enero de 2023. Según el portal de Transparencia de la PCM, fue contratada como asesora del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público por 10 meses con un sueldo de S/12,000 al mes. Asimismo, también cobró 36 mil soles a la Oficina de Normalización Previsional por servicios adicionales prestados.

Por su parte, Rosa Rivera se reunió con Otárola y, posteriormente, se hizo acreedora de dos contratos por la suma de S/54,000. Un caso similar se replica con Gianella Solórzano, quien recibió una orden de servicio en el Ministerio de Salud como coordinadora parlamentaria por S/28,000.

Geidy Meléndez obtuvo dos órdenes de servicio por “relanzamiento de stakeholders y/o aliados estratégicos y una especialista en gestión pública” con el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Para Panamericanos por un valor de S/ 40.000.  Amelia Altamorina sería otra beneficiada, debido a que obtuvo órdenes de servicio por S/36,000 bajo el concepto de revisión de perfiles y hojas de vida en la PCM.

El abogado penalista Jefferson Moreno aseguró que la actitud del premier no es propia de un funcionario público, por ende, señaló que la Fiscalía debería iniciar con las diligencias preliminares del caso para presentar una acusación formal ante el Congreso lo más pronto posible. Según el especialista, el primer ministro podría enfrentar cargos por los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión o negociación incompatible.