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¿Donación o extorsión?: Canales crea sospechoso sistema de “donaciones” para destrabar proyectos inmobiliarios
Miraflores cada vez más se aleja de ser un distrito ejemplar gracias a las decisiones de su alcalde. Gestión de Carlos Canales ahora pide a las empresas inmobiliarias efectuar pagos voluntarios para destrabar proyectos y continuar con sus obras.
Gabriela Llontop
Publicado 3:01 pm, 23 febrero, 2024
¡No a la extorsión ni al engaño! Un decreto emitido por la Municipalidad de Miraflores, encabezada por el alcalde Carlos Canales, le permite recaudar “donativos” hechos por las empresas privadas, pero que no serían otra cosa que cobros indebidos que lindan con la extorsión. Decisión es a todas luces sospechosa.
En el Decreto de Alcaldía 001-2024, el municipio solicita que las inmobiliarias realicen un “pago voluntario” para destrabar sus proyectos, presuntamente, porque no respetan la normativa vigente del distrito. Lo peor de esta situación es que la norma también obliga a las inmobiliarias a reconocer la comisión de irregularidades (así no las hayan cometido) las cuales serían “subsanadas” con el “pago voluntario”.
Vigilante.pe conoció que esta medida a todas luces cuestionable pone a un paso de la demolición a al menos cinco obras ya casi por culminar. De concretarse, más de 150 personas que están pagando sus créditos hipotecarios se verían afectadas. Esta decisión fue catalogada como “una extorsión” por parte del director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, debido a que representa un mecanismo irregular para cobrar por la construcción de edificaciones con permisos totalmente legales.
Por su parte, el gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Arévalo Sánchez, comentó que no es lógico recibir el “perdón” de Canales gracias al cobro de alguna especie de dádiva. Tal y como señaló a La República, “lo más curioso de esa ordenanza es que dice que si reconoces tu culpa, me tienes que hacer una donación. ¡Y lo dice así expresamente la ordenanza!”.
El director de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, Rafael Simpson, calificó el hecho como “inaudito”, pues se responsabiliza al empresario de actos irregulares no cometidos. “Todos los proyectos inmobiliarios han sido aprobados legalmente. Entonces, ¿por qué los empresarios tenemos que aceptar una culpa que no existe? Es inaudito. Esa ordenanza busca que el empresario inmobiliario acepte una culpa de algo que no ha cometido”, cuestionó.
¿CÓMO SE LLEGÓ HASTA AQUÍ?
Meses atrás, la gestión miraflorina realizó una interpretación antojadiza a una sentencia del Tribunal Constitucional, que no tiene efecto retroactivo, sobre las Viviendas de Interés Social y emitió una ordenanza que, básicamente, le permite anular de manera arbitraria las autorizaciones que las inmobiliarias obtuvieron correctamente antes de que Canales fuera alcalde. Las trabas impuestas se plasmaron en la Ordenanza 610, publicada el 11 de julio de 2023, la cual faculta a los funcionarios públicos suspender o paralizar obras inmobiliarias que incumplan las regulaciones actuales del distrito.
En Miraflores, alrededor de 100 proyectos se encuentran suspendidos o paralizados ilegalmente por la gestión de Canales. Esto afecta a alrededor de 20,000 trabajadores, entre directos e indirectos, y a miles de familias que esperan con ansias materializar el sueño del departamento propio.
Gabriela Llontop
Periodista y redactora