Paralización arbitraria de proyectos inmobiliarios: ¿Cómo frenar los abusos municipales?
A lo largo del 2023, miles de vecinos mostraron su malestar debido al comportamiento arbitrario de los alcaldes municipales, quienes frenaron indiscriminadamente proyectos inmobiliarios, la apertura de centros comerciales y el desarrollo de ferias o eventos recreativos. Este es el caso de las comunas de Miraflores, San Isidro, La Molina y Surco, las cuales tienen serios cuestionamientos por imponer multas arbitrarias a empresas y emprendedores, frenando la inversión privada y dejando sin empleo a cientos de obreros.
Esta situación se repite en el interior del país, donde casi no existe fiscalización a estos funcionarios públicos y tampoco filtros adecuados para designar a los trabajadores en cargos estatales. Ante la preocupante situación, la Asociación de Contribuyentes del Perú organizó el webinar “¿Preocupación por el vecino o abuso municipal?: problemas del sector inmobiliario”, con la presencia del constitucionalista Erick Urbina y el economista Hans Rothgiesser. El espacio tuvo como finalidad conocer qué medidas pueden adoptarse para evitar que la crisis en el sector inmobiliario se acentúe.
Respecto a la paralización de obras inmobiliarias, Urbina comentó que los alcaldes deben “respetar lo que ya se ha dicho”, es decir, que si un municipio ya aprobó un anteproyecto o proyecto de edificación bajo una normativa específica, este no puede cambiar las reglas de juego a su conveniencia, incluso, si estas obras se tratan de Viviendas de Interés Social (VIS).
“Se debe respetar aquello que ya se ha decidido. Si se está poniendo en peligro la vida de las personas, ver la forma de solucionarlo. Esa gran demanda de vivienda, ¿dónde está? ¿En todo Lima? Ciertamente, hay distritos que son más apetecibles para vivir, ¿por qué otros no? Quizás la descentralización es la salida”, explicó.
Por su parte, Rothgiesser, mencionó que solo existe una estrategia clara para reactivar la economía peruana y es permitiendo la inversión extranjera. Aseguró que si los municipios continúan frenando este tipo de proyectos, la crisis en el país podría agravarse. Asimismo, señaló que la demanda de inmuebles crece exponencialmente, sin embargo, la oferta no satisface esta necesidad, lo cual no solo hace que los departamentos sean cada vez más caros, sino que también provoca que muchas familias no tengan donde vivir.
“Cuando la demanda sube y la oferta se queda igual, el precio sube. El Estado debe facilitar la mayor cantidad de inversiones posibles en proyectos inmobiliarios de las condiciones que la gente quiera. (…) Ahora, el sector es más incierto, hay menos inversión privada. El sector inmobiliario ya lo tenía difícil. Las entidades públicas, contando ministerios, se han enfrentado por barreras burocráticas (proyectos inmobiliarios). También han sido las municipalidades, porque la legalidad en la que operan las municipalidades es bien ligera”, acotó.