Irregularidades en el servicio de EPS en Ica y Ucayali demuestran por qué propuesta de SUNASS sería un fracaso

Recientes informes de la Contraloría sobre dos empresas prestadoras (EPS) que brindan los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y disposición sanitaria de excretas, revela la poca capacidad de gestión para otorgar a los ciudadanos de Ica y Ucayali servicios de calidad.

El primer informe detalla que la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (Emapica) instaló medidores de agua que no cuentan con la certificación del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), lo que podría generar que la lectura del consumo real y la respectiva facturación no sea la correcta y genere afecciones a los usuarios.

En tanto, la Contraloría informó que tras la revisión a la documentación recabada, relacionada con el uso del cuaderno de obra digital de las obras de infraestructura ejecutadas por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo SA. (Emapacop), “se identificaron situaciones que ameritan la adopción de acciones, para asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos institucionales”.

En concreto, se trata de la inobservancia de la obligatoriedad del uso del cuaderno de obra digital en los contratos de ejecución de obras de la EPS Emapacop, lo que podría afectar el acceso y transparencia al registro de información importante durante el plazo de ejecución contractual.

Estas dos situaciones permiten evidenciar una serie de irregularidades en las que caen constantemente las EPS. Sin embargo, a pesar de ello, resulta más preocupante la decisión de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) de que Sedapal y las otras 50 empresas prestadoras del servicio de agua potable a nivel nacional se encarguen de evaluar la calidad de los medidores de agua con los que (ellos mismos) cobran el servicio a millones de peruanos.

Sunass pretende imponer a los usuarios, a pesar de ser, a todas luces, y anti técnica, puesto que convierte a Sedapal y el resto de EPS en “juez y parte” de los procesos de evaluación, desapareciendo a las empresas privadas independientes que desarrollan la actividad técnica y, sobre todo, imparcial de verificación, contraste y fiscalización de los medidores de agua.