Derroche y derrota: fracaso de la Constituyente chilena costó unos S/ 638 millones

A propósito de la encuesta Datum donde se revela que un 56% está a favor de una Asamblea Constituyente, es importante tener en consideración lo ocurrido en Chile y su proceso constituyente. El domingo 4 de septiembre de 2022, los chilenos mostraron un rotundo rechazo a la propuesta de una nueva Constitución pues casi un 62% de los votos resultaron en contra del texto y tan solo un 38% a favor. Repasaremos lo que significó la abultada factura de todo el proceso, que asciende a casi 131 mil millones de pesos (poco más de 638 millones de soles), considerando las diferentes contiendas electorales y el funcionamiento de la Convención Constituyente.

Tan solo la Convención Constituyente se llevó, entre gastos operacionales, asesores, viáticos, onerosos salarios y sobrecostos, unos 24,556 millones de pesos en solo 12 meses, monto nueve veces mayor a lo que se estimó en noviembre de 2019 en un informe de la secretaría de la Cámara de Diputados, elaborado por encargo de la presidencia de la Corporación liderada por el diputado Iván Flores (DC), que proyectaba un presupuesto de 2,700 millones de pesos para su funcionamiento.

Ese cálculo se hizo al considerar gastos operacionales y el salario de los convencionales, bajo el supuesto de que estos ganarían lo mismo que un consejero regional, argumento defendido en su momento por el secretario de la Cámara, Miguel Landeros.

No obstante, sus proyecciones no solo estaban mal, sino que el presupuesto total para el funcionamiento de la Convención Constitucional representó un completo derroche y estuvo sujeto a numerosas modificaciones. Veamos algunos datos importantes.

Según la ley de presupuesto aprobado para 2021, el monto inicial daba cuenta de unos 6,708 millones pesos para el funcionamiento de la Convención. Este monto fue modificado dos veces, hasta alcanzar la cifra de 10,585 millones, de los cuales, 9,469 millones fueron ejecutados hasta el 31 de diciembre del año pasado.

Para el siguiente año, se aprobó la Ley de Presupuesto de 2022, que incorporó casi 5,284 millones para el funcionamiento de la Convención, cuya excusa se justificó en un déficit de recursos en el pago de personal y en el cumplimiento operativo de la institución. Este presupuesto también fue modificado en tres oportunidades, hasta cerrar a julio de 2022 en casi 13,972 millones, que se sumarían a los 10,585 millones de 2021.

En total, se incrementaron poco más de 17,848 millones de pesos desde el presupuesto original, lo que representa un costo cuatro veces superior a lo estimado inicialmente por la Convención en la ley de presupuesto.

En la composición del presupuesto total, las transferencias corrientes representaron un 30%; seguido de gasto en personal (29.9%); bienes y servicios de consumo (27.1%); y otras partidas (13%).

Además, la Secretaría Administrativa gestionó en 2022 el pago de 816 contratos de asesores de los convencionales por un monto de 1,860 millones, que se suman a los casi 2,725 millones entre manutención, operaciones y pagos de practicantes entre 2021 y 2022. Esto generó debate sobre la prudencia en el gasto de los recursos por parte de sus representantes.

Los excesos de los convencionales

La partida más polémica del presupuesto total asignado a la Convención la protagoniza la de bienes y servicios de consumo (27.1%), donde podemos extraer tres curiosos gastos ejecutados.

En el transporte privado, los convencionales gastaron un poco más de 611 millones. De ello, 450 millones le pertenecen a una factura en el 2021 a nombre de la empresa Travel Security S.A. por concepto de gestión y entrega de traslado terrestre, aéreo, marítimo y otros; otros 59.6 millones se destinaron a pagar taxis privados; unos 50.5 millones en traslado aéreo y terrestre, interregional y regional; y otras facturas de vehículos privados a disposición de los convencionalistas, cuyos montos completan el saldo restante.

En el diseño y difusión de un plan de medios del proceso constituyente, se gastaron 221.3 millones. Y, por último, en alquiler de micrófonos, se gastaron casi 108 millones de pesos.

Así, la partida de bienes y servicios se elevó en 33 veces. Una factura que le pesará a todos los chilenos.

(*) Este informe fue elaborado por la Asociación de Contribuyentes y publicado originalmente en Perú21.