La Universidad Nacional Mayor de San Marcos les pertenece a sus estudiantes, a quienes pagamos impuestos y, en todo caso, al Estado Peruano. Utilizar sus espacios con fines que no tienen que ver con su vida académica, intelectual, y de investigación, sino con campañas o actividades políticas que implican un riesgo para la sociedad no es aceptable. La intervención de la Policía pudo ser mejor, sí, pero tenía que ocurrir.
Las imágenes de una tanqueta destruyendo la entrada principal de la Universidad San Marcos pueden resultar contraproducentes para el mensaje de empatía que se debe transmitir desde el gobierno. Los policías reduciendo a peruanos de provincia y gritándoles mientras están de rodillas generó rechazo en muchos, en mí también. Pero lamentablemente debemos siempre buscar el fondo del problema, y no analizar lo que se ve en un video, fuera de contexto.
La noche del martes 17 de enero, un sector de la universidad San Marcos fue tomado por un grupo de alumnos, sin autorización de la casa de estudios, para permitir el ingreso y albergue de manifestantes que llegaron para participar en la “Toma de Lima”.
El miércoles 18 de enero la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, denunció la toma ilegal del centro de estudios, afirmando que se había agredido a personal de seguridad. Agregó también que congresistas como el señor Guillermo Bermejo habían llegado para azuzar a los “huéspedes”.
Esto ya de por sí resultaría inaceptable si tuviéramos un mínimo de conciencia cívica. Que un grupo de alumnos y congresistas peruanos ejecuten y avalen la toma ilegal de una universidad pública para el fin que sea, debería ser algo aberrante en cualquier país en el que las leyes, el orden, y las instituciones se respetan. Pero el Perú (y Latinoamérica lamentablemente) no es así. En Perú la informalidad y la ilegalidad campean, y para colmo, importan más la imagen, la apariencia o una “causa” inventada, que suena más romántica que la ley y que satisface egos, vanidades y sentimientos de culpa.
Así, esta toma ilegal de algunas áreas de la universidad fue convertida por “líderes” en redes sociales como un acto “social”, “simbólico”, “ciudadano”, “espontáneo”, “legítimo”, justificado porque “el pueblo” peruano tenía el “derecho” de venir a Lima, y “tomarla”, para poder hacer oír sus “demandas”.
El día 20 de enero las autoridades de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos solicitaron al Jefe de la Región Policial de Lima que “proceda a la liberación de las puertas tomadas ilegalmente”. La ley amparaba a las fuerzas del orden. Así, la Policía Nacional no intervino de oficio o por una orden dictatorial del Gobierno. Entiéndanlo, en Perú no hay ni dictadura, ni genocidio, ni matanza. Lean la ley: Art. 10° inciso 3 de la Ley Universitaria: “La Policía Nacional y el Ministerio Público solo pueden ingresar al campus universitario por mandato judicial o a petición del Rector, debiendo este último dar cuenta al Consejo Universitario, salvo cuando se haya declarado el estado de emergencia, se produzca un delito flagrante o haya peligro inminente de su perpetración. En estos casos, el accionar de la fuerza pública no compromete ni recorta la autonomía universitaria.
Ahora bien, a pesar de la solicitud de las autoridades de San Marcos, la Policía y, por lo tanto, el Ministerio del Interior pudieron decidir no entrar a la universidad por un asunto de cálculo político. La repercusión de una decisión de esta índole era enorme y se sabía que causaría revuelo, pero olvidemos un momento la “imagen” y pensemos: ¿Qué ocurría en el campus? ¿Quiénes habían “tomado” la universidad? ¿Qué guardaban? ¿Qué escondían?
Un video que se ha vuelto viral en redes sociales, totalmente auténtico, muestra imágenes de la intervención de la Policía mientras se escucha a una mujer gritando “la gasolina, bájala, baja la gasolina…”. Así de explícito.
Dudo de que la gasolina que querían”bajar” haya sido servido o serviría para algún automóvil. Dudo también de que en ese momento -si te están desalojando- sea prioritario bajar o sacar gasolina… Estoy casi seguro, por el contrario, de que si querían bajar gasolina era para usarla contra la Policía. Estoy casi seguro de que esa gasolina servía, sirvió o iba a servir para las protestas que organizaban. Estoy casi seguro de que guardar ese tipo de productos en una universidad para esos fines, por lo menos, debería considerarse un acto sospechoso, y ser investigado. Sentido común, hermanos.
A esto hay que sumarle el testimonio de guardianes, personal administrativo y otros alumnos que denunciaron que los “protestantes” albergados les habían robado pertenencias, los habían agredido y resultaban una amenaza para sus actividades.
La decisión de intervenir la decana de América, en conclusión, fue una apuesta (quizás mal ejecutada en términos comunicacionales) por el respeto de la institucionalidad y los bienes públicos. Su fin era la desactivación de potenciales grupos e individuos que probablemente realizaron actos delincuenciales o vandálicos en las marchas.
La Universidad San Marcos les pertenece a sus estudiantes, a quienes pagamos impuestos y en todo caso, al Estado Peruano. Utilizar sus espacios con fines que no tienen que ver con su vida académica, intelectual, y de investigación, sino con campañas o actividades políticas que implican un riesgo para la sociedad no es aceptable. La intervención de la Policía pudo ser mejor, sí, pero tenía que ocurrir.
Repito, las imágenes de tanquetas y detenidos en el piso no son nada agradables, pudieron ser evitadas. Y esto habla de la pésima estrategia de ejecución y comunicación que tiene la mayoría de las entidades del Estado. Pero este es otro tema. No nos dejemos confundir. Más importante que la imagen, la estética, la apariencia, o la narrativa, es el acto legal en sí mismo y su razón de ser.