El 63% de peruanos asegura que las violentas protestas son organizadas por grupos políticos
Gabriela Llontop
Publicado 1:27 pm, 16 enero, 2023
Encuesta de Ipsos revela que más de la mitad de la población afirma que las violentas protestas no fueron organizadas de manera espontánea, sino que, por el contrario, fueron coordinadas por grupos políticos. ¿Qué otros datos nos ofrece este estudio?
El pasado 13 de enero, Ipsos publicó un estudio junto a Perú 21 para conocer la opinión de los peruanos respecto al gobierno de turno y los acontecimientos suscitados tras la vacancia de Pedro Castillo. El objetivo de dicha encuesta era conocer el nivel de aprobación de la gestión actual del Ejecutivo y Legislativo. Además, analizar qué opinan los ciudadanos respecto a las violentas protestas desatadas desde el pasado 7 de diciembre.
En primer lugar, la encuestadora reveló que el 71% de la población desaprueba la gestión de Dina Boluarte, mientras que el 20% sí la aprueba. Cabe señalar que el nivel de desaprobación se incrementó en 3% desde diciembre de 2022.
Otra pregunta abordada en el estudio hace referencia a la gestión de Alberto Otárola, quien funge como primer ministro. El 61% de encuestados aseguró que está en desacuerdo con su gestión, el 20% la aprueba y el 19% no precisa su postura al respecto. De acuerdo a la información proporcionada por Ipsos, el mayor porcentaje de desaprobación se concentra en el interior del país con un 65%.
Otro dato interesante proporcionado por este estudio refleja la opinión de la ciudadanía sobre el Congreso de la República. Para enero de 2023, el 80% de la población no se encuentra de acuerdo con las acciones tomadas por los legisladores, el 14% aprueba su gestión y el 6% no sabe o no precisa.
Es importante resaltar que la desaprobación del Poder Legislativo descendió un 2% desde diciembre de 2022. Sin embargo, es casi 10% superior al nivel de desaprobación registrado en noviembre pasado.
En cuanto a la figura de José Williams como presidente del Parlamento, el 62% de peruanos encuestados no se encuentra a favor de su gestión, mientras que el 19% sí respalda su actuar a la cabeza del Congreso. Otro 19% no precisa una postura al respecto.
Violentas protestas y actos vandálicos
El estudio de Ipsos reveló que el 52% de peruanos estaría de acuerdo con un adelanto de elecciones al 2023, pero que un 40% preferiría que los próximos comicios electorales se lleven a cabo en 2024.
Recordemos que el Congreso aprobó el proyecto de ley de adelanto de elecciones para abril de 2024 con el objetivo de promover reformas constitucionales que mejoren nuestro sistema electoral y que eviten futuras crisis políticas e institucionales en nuestro país.
En cuanto a la organización de las violentas protestas y actos vandálicos, el 63% de la población asegura que estas movilizaciones fueron organizadas por grupos políticos. Solo el 30% afirma que las manifestaciones fueron coordinadas de manera espontánea.
Recordemos que estas violentas manifestaciones se cobraron la vida de más de 45 peruanos durante los últimos 40 días. Respecto a ello, la encuestadora decidió preguntar a los peruanos participantes del estudio quienes serían los responsables de los lamentables fallecimientos.
El 42% respondió que la responsabilidad recae sobre los hombros de aquellos dirigentes que alentaron este tipo de movilizaciones, mientras que el 36% asegura que los culpables son las autoridades, debido a que ordenaron a los policías y militares utilizar la fuerza para interrumpir la violencia desatada.
El 29% menciona que los responsables son los propios miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, mientras que el 25% está seguro que la culpabilidad recae sobre aquellos participantes de la toma de aeropuertos y sedes de instituciones públicas.
Futuras elecciones en Perú
Las últimas dos preguntas de este estudio se centran en conocer la opinión de los ciudadanos respecto al futuro de nuestro sistema electoral. Por ello, los encuestados fueron interrogados sobre el periodo de gestión del presidente y congresistas.
El 57% aseguró que la reelección debería llevarse a cabo cada 4 años, mientras que el 40% afirma que el periodo de gestión debería mantenerse en 5 años.Por otro lado, los participantes del estudio también fueron consultados respecto a si los sentenciados por delitos muy graves deberían o no participar en los comicios electorales o desempeñar cargos públicos. El 63% se mostró a favor de que estas personas estén impedidas de trabajar para el Estado, mientras que el 34% opina lo contrario.
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Gabriela Llontop
Periodista y redactora