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Derrama Magisterial en jaque: Congreso no derogó decreto que atenta contra entidad

Redacción Vigilante Publicado 12:32 pm, 7 octubre, 2022

Legislativo no alcanza los votos para aprobar ley que evita que sindicato de Pedro Castillo toma el control de la entidad privada que maneja las pensiones 280 mil maestros. Sin embargo, ya se presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial.

Fueron 52 congresistas que pusieron en jaque a la Derrama Magisterial, gestionada por Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), al votar en contra de la derogación del Decreto Supremo 009-2022 del Ministerio de Educación que modifica el estatuto de la entidad privada y le abre el paso a la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) para conformar la directiva de la entidad privada que gestiona los fondos de pensiones de 280 mil docentes aportantes y que, hasta 2021, manejaba casi S/ 2,600 millones de los fondos previsionales de los maestros. Un botín para el gobierno de turno, según el secretario general del Sutep, Lucio Castro.

En concreto, el decreto supremo modifica 16 artículos del estatuto de la Derrama Magisterial y cambia la conformación del Consejo Directivo de seis a 13 de los cuales siete son “asociados que presten servicios como docentes en instituciones de educación básica”, dos docentes de educación superior, uno de un Centro de Educación Técnico Productiva (Cetpro), dos auxiliares y un representante del Minedu.

Segunda votación sobre la derogación.

Durante el pleno, la congresista Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Educación, remarcó que es necesario derogar una norma que, de manera ilegal, ha modificado el estatuto de la Derrama Magisterial pues únicamente puede ser cambiado en atención al procedimiento establecido en su propio texto estatuto.

En esa línea, precisó que fue la Derrama fue creada como una persona jurídica de derecho privado, por lo que “no puede ser regulada, modificada o intervenida por leyes de la República o normas de rango infralegal”. “La función del Ministerio de Educación no es modificar el estatuto, su labor consiste y se limita a aprobar, o no, las modificaciones que le propongan”, agregó.

Tras el debate durante el Pleno, la congresista Patricia Juárez pidió una reconsideración, pero la segunda votación tuvo 47 a favor, 55 en contra y tres abstenciones.

HABLA LA DERRAMA

Por su parte, Luis Espinoza, presidente de la entidad, sostuvo que “las democracias más importantes en el mundo se dan a través de representaciones”. “En el caso de la Derrama, justamente la elección de los directivos es de manera representativa. Desde una propuesta que viene de un maestro de su escuela, de su provincia, de su región, pasa por un evento nacional y luego es miembro del Directorio de la Derrama Ministerial. Lo que busca el Minedu no es democratizar, sino fenatizar la Derrama Magisterial”, afirmó.

En tanto, Natale Amprimo, abogado de la Derrama Magisterial, remarcó lo dicho por la congresista Echaíz. “El Poder Ejecutivo no tiene la facultad, a través de un decreto supremo, intervenir una entidad de derecho privado. Eso vulnera no solo la Constitución, vulnera el Código Civil, vulnera la ley de bancos, porque la Derrama es una institución que está supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo no puede pretender, a través de un decreto supremo, alterar los estatutos de una entidad privada”, dijo.

Fondos de la Derrama Magisterial al 2021.

Amprimo recordó que la Derrama es una institución que nació por iniciativa de los maestros y que fue entregada a ellos en 1984 “absolutamente quebrada” y que gracias al esfuerzo de los maestros y a la buena gestión la entidad es una entidad exitosa. “Eso ha generado obviamente la avidez de estos grupos vinculados a sectores ideologizados y radicales que pretenden tomar la Derrama Magisterial. Y eso no se puede permitir, porque eso es romper el Estado derecho”, señaló.

DERRAMA EN JAQUE

La votación de 52 congresistas pone en jaque mate a la Derrama, aunque Amprimo ya presentó una acción de amparo en el Poder Judicial, ya que tiene condición de entidad privada, para buscar que se inaplique el decreto supremo. De demorarse, la siguiente instancia será el Tribunal Constitucional.

“Lamentablemente se ha convocado a audiencia para el mes de mayo del próximo año, pese a que estamos en caso de urgencia y ante un tema de velación derechos constitucionales (…) Si se dilata en exceso la instancia judicial cuando llegue al Tribunal Constitucional simplemente el tribunal va a ser una suerte de obituario de una defunción, porque usted se imagina a las personas del Fenatep administrando la Derrama. Yo creo que en meses la Derrama desaparecería. Eso no se puede admitir y yo espero que el juez que conoce la causa, del 11 Juzgado Constitucional amerite la urgencia de un tema como este”, sostuvo.

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