Los sindicatos nacieron para balancear las relaciones entre empresa y trabajador. Y esto es importante. Sin embargo, su legitimidad no se basa en la violencia que ejercen cuando organizan una huelga, sino en su empatía con los trabajadores, en la unidad que generan, en cuánto se preocupan por ellos y sus familias. Un buen sindicato aglomera, une, protege. En eso radica su poder.
En Perú, la mayoría de sindicatos no cumple su propósito y por eso ha perdido poder en los últimos 30 años. Además, son las empresas informales, principalmente, las que maltratan al trabajador, y en ellas no hay sindicatos.
Las empresas formales, privadas o estatales, no tienen mucho espacio para ser abusivas en un mercado muy regulado, y una sociedad abierta a recibir información sin censura. La impunidad campea en los márgenes de la formalidad. Es más, mientras más grande y formal la empresa, más se ajusta a la ley y a las regulaciones laborales, dado que tiene mucho que perder y poco que ganar si no lo hace.
Así, cualquier norma que busque proteger al trabajador debería empezar por reducir el espacio en el que son vulnerables: la informalidad. Y repito, en la informalidad no hay sindicatos. Incluso, en el sector formal, solo el 4% de trabajadores forma parte de uno. Tal es la falta de legitimidad de los sindicatos que según una última encuesta, el 73% de peruanos o confía poco o no confía en ellos. Finalmente, miren la última marcha convocada por Betzy Chávez y verán que no fue ni la sombra de lo que hace 40 años hubiera sido una verdadera marcha sindical.
Entonces, ¿cuál es el verdadero fin del decreto supremo 14-2022, si en la realidad no favorece a ninguna mayoría vulnerable? Veamos.
1. Tenemos un presidente que sale todos los días con un discurso de víctima a decir que las “bases sociales” lo deben defender de los grandes poderes económicos. Todas las noches “mete” gente en Palacio que supuestamente forma parte de estas bases sociales y le promete cosas, cualquier cosa en realidad…
2. Hace algunos días, al lado de Aníbal Torres -quien ha afirmado y hecho lo mismo que el presidente- aparecía firme frente a cámaras Betzy Chávez, ex ministra de Trabajo, hoy ministra de Cultura, quien -se dice- aún maneja la agenda laboral del gobierno.
3. En el Ministerio de Trabajo está Alejandro Salas, el escudero absoluto, incansable, indiscutible de Castillo y su entorno, quien no sabe nada de legislación laboral pero sabe bien cómo seguirle el ritmo a quien paga la cuenta.
4. Y por si esto fuera poco, hoy preside la Comisión de Trabajo del Congreso Sigrid Bazán, activista sindical de farándula quien ha sido clarísima en su discurso con respecto al tema.
Las señales son claras. El decreto supremo 14-2022 puede ser nocivo para la economía, y esto ha sido analizado por muchos especialistas, pero lo es mucho más para el orden interno y la paz del país. A más sindicatos comprados por Palacio, menos posibilidades de que el Congreso y la ciudadanía se rebelen frente a la corrupción. A más sindicatos hostigando a la empresa formal y los gremios, mucho más temor, angustia, parálisis y resignación.
Detrás de este decreto supremo subsiste una lógica muy inteligente. Pedro Castillo, Aníbal Torres, Alejandro Salas, Betzy Chavez, Sigrid Bazán y compañía, están construyendo dos muros muy sólidos: uno que blinda a Castillo frente a la enorme cantidad de evidencia en su contra. Otro que blinda al Estado intervencionista de la oposición, los gremios y la ciudadanía, permitiendo la consolidación de un régimen socialista en el sentido más estricto de la palabra. Si a esto le suman la liberación polémica de Antauro Humala, desaparecen las dudas… Ladra, tiene cuatro patas, hace “guau” y mueve la cola.
El decreto supremo 14-2022 no fortalece a los sindicatos. No les da poder. Ellos perdieron su poder hace tiempo cuando se convirtieron en brazos ideológicos de conflicto. Este decreto le da poder a Castillo y su entorno. Le da poder a quienes hoy tienen ya mucho, y se los quita a quienes hoy no tienen voz y son supuestamente representados por un grupo minoritario de activistas violentos que el 1 de octubre se multiplicarán automáticamente. ¿Será el Congreso capaz de ver esto a tiempo o dejará que pase lo que ocurrió con el decreto sobre tercerización? Quien sabe.
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