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El pueblo mapuche, Boric y la nueva Constitución: ¿Cómo entender el conflicto entre el Estado chileno y la etnia indígena?
Redacción Vigilante
Publicado 5:43 pm, 15 Julio, 2022
Cuatro claves para entender la resistencia mapuche y cómo Boric se vio envuelto en un conflicto que ha implicado violaciones de derechos humanos por parte del Estado chileno.
De una victoria electoral aplastante en diciembre del 2021 a un gobierno que, a cuatro meses de asumido, tambalea política y socialmente. Ese puede ser un resumen de la todavía corta presidencia del progresista de izquierda Gabriel Boric en Chile.
¿Los motivos? Analistas señalan la creciente inflación, vinculada a los precios mundiales de alimentos y combustibles, y a los efectos de la postpandemia, y algunos errores políticos, como no lograr que su coalición en el Congreso apruebe la propuesta sobre el uso de fondos privados de pensiones. Un tercer factor en el que coinciden es en el aumento de la inseguridad, sobre todo en el sur del país, zona donde se desarrolla un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche.
En Pirate Wire Services, decidimos que era un buen momento para adentrarnos un poco en este último problema, que posee una importante carga histórica y que puede hallar algunas soluciones ante una eventual aprobación de la nueva Constitución en Chile.
- ¿Quiénes son el pueblo mapuche?
Son una etnia indígena que históricamente ocupó territorios al sur de Sudamérica. Dicho espacio, cuyo nombre ancestral es Wallmapu, comprende actualmente regiones de Chile y Argentina. En épocas de la conquista española, este pueblo logró frenar el avance europeo a sus territorios y, según fuentes históricas, incluso consiguieron tener una relación diplomática exitosa con ellos, estableciendo acuerdos económicos y políticos.
Sin embargo, una vez expulsados los españoles y habiéndose creado la República de Chile mediante la independencia, fue precisamente el Estado chileno el que, a mediados del siglo XIX, ingresó a sus territorios por medio de las armas y lo anexó, subyugándolo a sus instituciones.
Ello generó una resistencia histórica de parte del pueblo mapuche, que actualmente es la etnia indígena más numerosa en Chile, con cerca de 2 millones de integrantes. Esa resistencia se ha extendido hasta nuestros días, aunque con matices políticos y económicos más recientes.
- ¿Cuál es el estado actual del conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche?
En la última década, grandes empresas forestales y agrícolas se asentaron en las regiones de La Araucanía y Bío-Bío, donde se concentra la presencia de indígenas mapuches. Ellos han denunciado que las industrias maderera y ganadera contaminan y afectan gravemente la zona, y han acusado un ecocidio que termina por marginarlos aún más socialmente.
En ese contexto, la respuesta de los representantes mapuches se ha manifestado de dos maneras: la vía político-institucional y la resistencia armada. En el primer caso, se trata de werkenes (o voceros) mapuches que han elegido participar en movimientos y partidos e involucrarse en la vida política chilena, a fin de conseguir una mejora en la situación entre su comunidad y el Estado. Un ejemplo de esta vía es, por ejemplo, la académica mapuche Elisa Loncón, que presidió la Convención que redactó el borrador de la nueva Constitución.
En oposición, están los grupos que han optado por luchar por la autonomía de su territorio recurriendo a actos violentos, tales como ataques a fábricas y transportes de las empresas de la zona, cortes de vías y enfrentamientos con las fuerzas estatales. El saldo: indígenas mapuches fallecidos, así como civiles, policías y militares. El grupo más conocido es la Coordinadora Arauco Mallejo (CAM), que defiende abiertamente la resistencia armada y se define como autonomista. Según las autoridades, han llevado a cabo diversas acciones violentas. Ellos, por su parte, afirman que sus actos conforman una resistencia frente a una violencia estructural.
- ¿Cuál ha sido la respuesta histórica de los gobiernos recientes, incluido el de Boric?
Del lado chileno la respuesta se ha dado mediante el uso de la fuerza tanto de los Carabineros —la fuerza policial chilena— como del Ejército. Dicha respuesta ha valido la intervención de la ONU, que en 2020 pidió que se investigue la violencia contra el pueblo mapuche en la región de La Araucanía, frente a posibles violaciones de derechos humanos.
Pese a ello, en 2021, el derechista Sebastián Piñera, entonces presidente chileno, declaró el Estado de Excepción en los territorios mapuches y apuntó contra la CAM por llevar a cabo, según dijo, acciones terroristas. Este hecho, que claramente atentaba contra los derechos fundamentales de los ciudadanos de esa zona, fue repudiado por el arco izquierdista chileno, que en ese momento incluía a Boric y a miembros de su gobierno. Y fueron precisamente esas críticas las que retornaron hacia el presidente de 36 años, quien en mayo de este año decretó también una medida similar en ese territorio, ante los hechos de violencia que no cesaron. Por ello, el régimen sigue vigente.
Sin embargo, en el caso de Boric se trata de un Estado de Excepción acotado a las vías de comunicación. Es decir, los militares en la zona solo podrán intervenir frente a actos violentos que ocurran en las carreteras, mas no fuera de estas. Más allá de ese matiz, esta decisión le valió a Boric durísimas críticas de parte sectores políticos cercanos a su gobierno.
En tanto, toda esta mezcla de idas y venidas violentas a lo largo de los años ocasionaron que la región de La Araucanía se convierta en la más pobre del país. La causa señalada es la poca inversión extranjera como efecto de la falta de seguridad producto del conflicto. Sea cierto o no, lo que es un hecho fue el aumento significativo de la pobreza y la aparición de bandas criminales ante la poca presencia estatal.
Para solucionar el conflicto, Boric ha prometido establecer mesas de diálogo, crear un ministerio de pueblos indígenas y entregar más recursos a la zona. Sin embargo, esta vía ha sido rechazada por grupos mapuches poco optimistas con la asunción del progresista.
- ¿La propuesta de nueva Constitución en Chile representa una solución al conflicto?
De plano se debe mencionar que la actual Constitución chilena no reconoce al pueblo mapuche y que la nueva Carta Magna fue elaborada, como dijimos antes, en una convención presidida por una académica mapuche y que incluyó representantes de otras 10 comunidades indígenas. He ahí ya un importante avance.
Ahora, hay puntos de la propuesta de Constitución que podrían significar una buena respuesta institucional ante el conflicto. En primer lugar, el reconocer a Chile como un estado plurinacional e intercultural. Segundo, se “reconoce y garantiza conforme a la Constitución, el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos”, como señala el artículo 79 del texto.
Además, se indica que el Estado deberá establecer “instrumentos jurídicos eficaces para su catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución”. Para el convencional de pueblos originarios Adolfo Millabur, ello implicaría la existencia de “un órgano transitorio que catastre, que identifique, que haga un mapa del espacio que el Estado debe definir bajo el gobierno de turno”.
La propuesta reconoce también los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y precisa que estos, al funcionar, deben respetar la Constitución y tratados internacionales, y que cualquier impugnación a sus decisiones será resuelta por la Corte Suprema.
Finalmente, se debemos señalar que existen grupos indígenas que ven con pesimismo estos cambios. Entre ellos, el CAM ha manifestado recientemente que la plurinacionalidad propuesta en la nueva Constitución es una “aspiración vacía” y llamó a continuar una “resistencia frontal”.
“En estos tiempos de confusión estratégica, donde se vanagloria a Chile como un país supuestamente en vías a la plurinacionalidad, el llamado es a la unidad y a la coherencia en la resistencia frontal contra el capitalismo y la persistencia colonial en el Wallmapu”, expresaron en un comunicado. Como podíamos intuir, incluso de aprobarse la Constitución, el problema está lejos de terminar.
Publicado en Pirate Wire Services por Paulo Rosas Chávez