Gremios de medios rechazan “ley mordaza” del Ejecutivo que criminaliza a fuentes periodísticas
Redacción Vigilante
Publicado 4:30 pm, 27 junio, 2022
La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) alertó que la propuesta del Gobierno es una amenaza a la libertad de expresión e información, porque busca evitar que la ciudadanía conozca los actos de corrupción que implican al gobierno y directamente al presidente Pedro Castillo.
El ministro de Justicia, Felix Chero, insistió en defender el proyecto del Ejecutivo que sancionará con hasta cuatro años de cárcel a los jueces, fiscales, policías y otros funcionarios públicos que entreguen, faciliten o filtren información sobre casos penales que están en etapa de investigación en el Ministerio Público.
El gobierno impulsa esta iniciativa, considerada como una Ley Mordaza, en medio de las investigaciones que se siguen al presidente Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Estado para direccionar obras públicas. En gran medida, los detalles de esta presunta trama de corrupción se han podido conocer gracias a las denuncias periodísticas.
“Hemos señalado que esta ley tiene como propósito defender la investigación reservada y que para nada en lo absoluto va a generar que los medios de comunicación y los hombres y mujeres de prensa no puedan tener acceso a sus fuentes de información”, alegó Chero. “Hemos sido claros en señalar eso y de tal forma que no hay ley mordaza, es un calificativo que se le ha puesto, pero que no tiene esa finalidad”, agregó.
Pero lo cierto es que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) alertó que la propuesta del Ejecutivo es una amenaza a la libertad de expresión e información.
«Como es evidente, esto ocurre bajo un contexto específico: la investigación preliminar abierta por la Fiscalía de la Nación en contra del señor Pedro Castillo Terrones, por presuntos delitos de corrupción de funcionarios. El señor Castillo Terrones quiere impedir, a toda costa, que la ciudadanía tenga información fidedigna sobre los actos de corrupción que puedan vincularlo directamente con el caso Puente Tarata, las declaraciones del señor Zamir Villaverde y las imputaciones en contra del señor Juan Silva, ex Ministro de Transportes y Comunicaciones, y actual prófugo de la justicia peruana», señala el gremio.
«Si bien es cierto, se habla de penalizar a los funcionarios que faciliten o entreguen la información, no existe garantía alguna que el periodista, representante o directivo de un medio de comunicación, no vaya a ser procesado o perseguido punitivamente por informar de estos hechos a la ciudadanía», agrega el pronunciamiento.
En la misma línea de expresaron la Federación de Periodistas del Perú, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Colegio de Periodistas del Perú.
“La ANP expresa preocupación por la ruta que seguirá esta iniciativa, al existir plena sintonía en esta materia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que ya febrero de este año, aprobó por unanimidad dictamen de la Comisión de Justicia que penalizaba la difusión de los testimonios de quienes se acojan a la colaboración eficaz”, se lee en un comunicado.
El ministro Chero exhortó al Congreso a aprobar la iniciativa, pero la congresista Adriana Tudela, de Avanza País, consideró que no hay “ánimos para aprobar dicho proyecto”, mientras que la congresista Vivian Olivos, de Fuerza Popular, criticó que “ahora pretenden penalizar, neutralizar los destapes periodísticos de actos de corrupción”.
“Rechazo este proyecto no solo atenta contra la libertad de prensa sino al acceso a la información. No a Ley Mordaza. Cuando tienen rabo de paja crean proyectos para tapar sus fechorías”, tuitéo.
Para la aprobación de este proyecto, el oficialismo necesita 66 votos, pero no los tiene.