| ECONOMÍA
Huancavelica: comuneros queman campamento de la mina Cobriza
Redacción Vigilante
Publicado 11:22 am, 7 junio, 2022
Dirigentes de 11 comunidades anuncian más acciones violentas tras decisión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú de anular la venta de la unidad minera por US$ 22 millones a Cobre de Los Andes SAC.
Sigue el caos y la violencia en el sector minero ante la inacción del Ejecutivo. Esta vez, al menos 200 pobladores de 11 comunidades tomaron las instalaciones de la Unidad Minera Cobriza, ubicada en el distrito de San Pedro de Coris, en la región Huancavelica, e incendiaron dos casetas de vigilancia y varios equipos de maquinaria pesada.
Ante el ataque, los trabajadores de la mina intentaron detenerlos generando la reacción de los violentistas. Para evitar mayores enfrentamientos, la Policía Nacional utilizó bombas lacrimógenas para disuadir a los manifestantes.
A pesar del atentado a la propiedad privada, los dirigentes de las comunidades anunciaron que tomarán medidas de protesta más drásticas de las que han venido realizando. “Instamos nuevamente a las autoridades. No seremos responsables de lo que pueda suceder de las acciones que tome la población, si en caso no lo acaten las cuales fueron acordadas de manera unánime”, afirmaron.
Esta medida violenta se da tras la decisión de la Junta de Acreedores de Doe Run Perú, en liquidación, de anular el contrato de venta por US$ 22 millones con Cobre de Los Andes SAC, empresa que iba a hacerse cargo de la mina Cobriza. La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) envió a funcionarios para atender la situación, pero hasta el momento no ha tenido éxito.
Por su parte, el liquidador de Doe Run Perú (Consultores A1), denunció previamente las amenazas que recibieron ante la Fiscalía de Prevención del Delito de la zona detallando que los comuneros, liderados por Yuye Cuadros Pacheco, tenían un plan para ejecutar acciones violentas desde el lunes 6 de junio con el objetivo de dañar la mina, incendiando la faja de transporte de mineral, atacando la toma de agua de Huaribamba y las torres de energía eléctrica.
“Sin ninguna razón ese grupo de dirigentes y la alcaldesa pretenden degradar un presunto conflicto entre la empresa DRP y los pobladores de las comunidades de San Pedro de Coris. Entre ellos hay contradicciones. Unos respaldan la venta y la llegada de la inversión, pero otros quieren tomar la mina y destruir sus equipos, maquinarias e infraestructura”, sostuvo Renato Iriarte, gerente general de Consultores A1.