Cero transparencia: solo 1 de 11 consejos de ministros en regiones tiene acta
Redacción Vigilante
Publicado 8:15 pm, 16 mayo, 2022
Ocho de estos encuentros descentralizados que realizó el Ejecutivo ocurrieron en los últimos dos meses, como respuesta a una serie de protestas y demandas sociales, pero en ninguno hubo resultados concretos, sin contar el alto costo que tienen por la logística y el despliegue de seguridad que implica el traslado del presidente y de los ministros al interior del país, lo que evidencia además improvisación e ineficiencia.
Entre octubre de 2021 y mayo de 2202, el gobierno del presidente Pedro Castillo realizó 11 consejos de ministros descentralizados, de los cuales solo uno, el de octubre del año pasado en Cusco, cuenta con el acta respectiva con los acuerdos aprobados que estos encuentros deben tener por norma, lo que confirma el poco respeto que el Ejecutivo tiene por la transparencia y la rendición de cuentas.
Así lo revela El Comercio, que solictó, vía la ley de acceso a la información pública, estos documentos oficiales que deben firmar los ministros y el jefe de Estado, y que el secretario del Consejo de Ministros redacta, en los que además se debe incluir el sustento técnico respectivo de los anuncios o propuestas que se consignen.
Otro dato relevante es que de los 11 consejos de ministros realizados hasta la fecha en distintas regiones, ocho ocurrieron en los últimos dos meses, como respuesta a una serie de protestas y demandas sociales contra el Gobierno nacional, pero en ninguno hubo resultados concretos, sin contar el alto costo por la logística y el despliegue de seguridad que implica el traslado del presidente y de los ministros al interior del país.
¿Qué evidencia esto? Improvisación e ineficiencia, porque si los acuerdos no constan en actas oficiales, no hay forma de hacerle seguimiento y, como consecuencia, se crean falsas expectativas en las regiones que agravan la conflictividad social, como ya sucede con el sector agrario, que alista nuevas protestas por el incumplimiento de las promesas que hizo el presidente Castillo para solucionar la falta de fertilizantes que amenza la seguridad alimentaria del país.
“Generar expectativas a partir de un discurso político utilizando este espacio no solo es peligroso, sino irresponsable”, dice el expremier Juan Jiménez Mayor, al comentar que descentralizar los consejos de ministros no está mal, pero se debe respetar la institucionalidad y la transparencia.
“Los consejos de ministros descentralizados se han convertido en mítines, llenos de ofrecimientos, pero carentes de resultados”, sostiene por su lado la congresista Karol Paredes (Acción Popular), mientras que su colega, la parlamentaria Lady Camones, a la sazón vicepresidenta del Congreso, envió el 4 de mayo pasado un oficio al premier Aníbal Torres, en el que le solicita información sobre los acuerdos en actas, así como el costo que pagan todos los peruanos por estas sesiones en regiones, pero hasta la fecha no recibe respuesta.
“En estos espacios solo se hace proselitismo político”, comenta a su turno el legislador Edurardo Salhuana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), lo que se evidencia en algunos discursos del presidente Pedro Castillo, como cuando anunció, en un consejo de ministros descentralizado, el 25 de marzo pasado, un aeropuerto para Huancavelica.
Antecedentes y normas que se habrían vulnerado
A la falta de actas oficiales de los consejos de ministros en regiones, se suman otros hechos graves, como las reuniones clandestinas en la casa de Sarratea que mantenía el presidente Castillo, o los encuentros fuera de ministerios y otras entidades públicas que se han denunciado en este gobierno; y la manipulación y ocultamiento de información en registros oficiales que también la prensa ha destapado.
Estos hechos implican la vulneración de la Ley N°28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública y prohíbe que funcionarios con capacidad de decisión, incluyendo al presidente, atiendan actos oficiales fuera de la sede institucional.
También afectan la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece que “las personas tienen derecho a vigilar y participar en la gestión del Poder Ejecutivo” y que “las entidades del Poder Ejecutivo actúan de manera que las personas tengan acceso a información”. A ello se suma que el presidente tiene como una de sus funciones “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú”.
Además se ha violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contempla que las entidades del Estado deben publicar en sus portales web las “actividades oficiales que desarrollarán o desarrollaron los altos funcionarios de la entidad respectiva…”, y el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, entre otros.