¿Por qué el Nuevo Código de Trabajo sería un duro golpe a la formalización laboral?

Las medidas que pretende implementar el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, solo beneficiarían a un grupo muy reducido de personas, agrupados en sindicatos, con los busca consolidar una plataforma política, en lugar de atender los problemas reales y urgentes del mercado laboral peruano.

En lugar de atender los problemas más urgentes del mercado laboral peruano, como la falta de trabajo o la precariedad del empleo, las medidas del Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo (MTPE), se han centrado en una agenda que pretende beneficiar a un grupo muy reducido de personas.

En Perú, solo 4 millones de trabajadores son formales y el resto, cerca de 13 millones, es informal. Es decir, no tienen ningún beneficio laboral ni social.

De hecho, después de dos años de pandemia, el número de empleos formales es similar al que había a finales del 2019, mientras que en el primer trimestre de este año, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana fue de 9,4%, por encima del promedio de los últimos años (sin considerar la pandemia), el subempleo por ingresos es 50% mayor y los salarios reales cayeron 15%, en ambos casos en comparación con los niveles prepandemia.

Hay suficientes datos, evidencia y estudios que explican las causas de la informalidad en Perú, entre las principales están:  

1. La rigidez de la regulación laboral, una de las más estrictas del mundo
2. La sobrerregulación que agobia a las empresas
3. Los sobrecostos laborales son los más altos en la región
4. Baja productividad de las pequeñas y microempresas

¿Qué hizo el Ejecutivo?

A través del Ministerio de Trabajo, ha publicado el anteproyecto de Código Laboral. El problema es que los cambios y medidas que esta propuesta incluye van en contra de una adecuada política para fomentar el empleo formal y, por el contrario, agravaría las principales causas de la informalidad en el país.

Un análisis de Apoyo Consultoría identifica los principales problemas del anteproyecto en cuestión:

1. Eleva la rigidez del mercado para contratar, despedir y organizar trabajadores
2. Incrementa los costos laborales sin promover aumentos de productividad
3. Impone prácticas que generan un desbalance en el poder de negociación a favor de los sindicatos

Otra de las graves omisiones del Gobierno es que el citado anteproyecto no ha sido resultado del diálogo social que tendría que haberse dado en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), entre trabajadores y empresarios.

Efectos y consecuencias

A continuación se reseñan algunos de los puntos más peligrosos del anteproyecto, que de aprobarse, afectará la inversión y el crecimiento económico, habrá menos empleo, menores posibilidades de desarrollo y mayor pobreza en el Perú.

✓ Se reduce el tiempo de contratos a plazo fijo de cinco a dos años en total, y por necesidades coyunturales de mercado de cinco a un año. 

—Habrá menor demanda de empleo formal o la rotación laboral se acelerará.

Esto perjudica tanto a trabajadores, porque les será más difícil encontrar un empleo adecuado, como a las empresas, que al tener una alta rotación, perderán eficiencia y productividad.

“En otros países de la región la regulación es menos restrictiva. Por ejemplo, en Colombia, si bien existe una duración máxima de tres años para los contratos a plazo fijo, estos se pueden renovar indefinidamente. En México, no existe una duración máxima y tampoco hay límites para su renovación”, señala Apoyo Consultoría.

✓ Se restringe la intermediación laboral a actividades temporales y se prohíbe la tercerización en el núcleo del negocio.

—Afecta la competitividad, eficiencia e innovación de las empresas

Esto tendrá como consecuencia un incremento de costos y un deterioro de la productividad y, por ende, una reducción del empleo formal.

✓ Se elimina el tope de indemnización por despido y se limita el despido por sentencia judicial 

—Desincentiva la contratación de personal y precariza las condiciones laborales

Si a una empresa le costará más despedir un trabajador, lo más probable es que lo piense más al contratarlo o lo contratará con un menor sueldo. En el peor de los casos, no lo contratará. Y en el otro extremo, si un trabajador es sentenciado, una empresa estaría obligada a mantenerlo, incluso cuando está comprobado el delito, salvo que vaya preso.

“Nuevamente, esta medida beneficia a unos pocos y perjudica a la gran mayoría. La evidencia internacional muestra que Perú es el país con el mayor costo de indemnización en América Latina y el Caribe”, se lee en el informe de Apoyo.

✓ Los arbitrajes solo podrían ser solicitados por los sindicatos

—Genera un trato desigual en las relaciones laborales y afecta la inversión

Actualmente los arbitrajes pueden ser iniciados por cualquiera de las partes, pero en el nuevo código laboral se pretende que solo sea potestad del sindicato, lo que provocaría un desequilibrio que finalmente redundará en una menor inversión. Esto significa menos trabajo.

✓ Las huelgas se harían por cualquier causa y solo se impedirían con un juicio laboral

—Promueve el abuso de este derecho por parte de sindicatos y perjudica a la empresa

En un escenario así, todas las huelgas serían legales, pues el juicio muy probablemente termine luego de que acabe la medida de fuerza. La regulación internacional exige que se pase por un proceso de negociación antes de que se declare legal una huelga.

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