Nuevo Código de Trabajo: cuando se legisla de espaldas al pueblo

Medidas del anteproyecto del MTPE están pensadas solo para un reducido número de trabajadores en planilla y con beneficios, pero desconoce que casi el 80% de personas trabaja en la informalidad y no aborda los principales problemas del mercado laboral peruano.

La propuesta del anteproyecto del Nuevo Código de Trabajo que promueve el despacho de la ministra Betssy Chávez busca introducir una serie de cambios en la legislación laboral vigente, pero pensados solo en una pequeña minoría de trabajadores que tienen la suerte de estar en planilla y contar con beneficio sociales.

Entre las principales medidas que se plantean están la eliminación del tope de indemnización por despido; eleva a categoría de ley las restricciones aprobadas por decreto a la tercerización laboral en actividades ‘nucleares’ del negocio; y anula tres modalidades de contratos temporales. 

También pretende liberar la contratación de trabajadores extranjeros, al eliminar el tope de 20%; reduce de 20 a 10 el número de trabajadores para formar un sindicato; y elimina la categoría de “trabajadores de confianza”.

El problema es que todas estas medidas no abordan ni solucionan los principales problemas del mercado laboral peruano, como la informalidad, el desempleo, la baja productividad y la precarización laboral, entre otros.

El anteproyecto desconoce, por ejemplo, que casi el 80% de trabajadores no tienen beneficios laborales ni sociales; que ahora ganan 15% menos que antes de la pandemia, es decir, unos S/230 al mes menos de poder adquisitivo; o que el empleo adecuado en el país cayó un 15%, que implica que está en su peor momento desde el 2012.

Las medidas elevarían los costos laborales y harían más rígidas las contrataciones, lo que agravaría los problemas que ya afronta el mercado labora peruanol. De hecho, un estudio de los economistas Pablo Lavado y Gustavo Yamada, investigadores de la Universidad del Pacífico, estima que se perderían hasta 6,400 empleos formales en solo un mes con una mayor rigidez laboral.

A ello se suma la incertidumbre laboral. Según datos oficiales, a la fecha, hay 2.5 millones de trabajadores con contratos temporales en Perú, y solo un tercio de ellos podría pasar a tener contratos indeterminados, con lo que el resto perdería su trabajo, alertó Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE.

La microempresas, que representan el 94% del universo empresarial, serían las más afectadas, al no poder asumir los mayores costos laborales que implican las medidas del MTPE. “En el país se legisla en materia tributaria y laboral pensando que todas las empresas son grandes y formales, pero la realidad es muy distinta”, dijo Oscar Caipo, presidente de Confiep.

El otro problema con el anteproyecto es que las medidas planteadas no se discutieron ni analizaron en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), donde están representados trabajadores, empleadores y el Estado, como exige la norma y los convenios suscritos con la Organización Internacionl del Trabajo (OIT). Ante las críticas y cuestionamientos, la ministra Betssy Chávez tuvo que anunciar que la propuesta se consultará en ese foro tripartito antes de ser enviada al Congreso.

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