Con el nuevo Código de Trabajo, la informalidad laboral aumentaría entre 5% y 8%

En base a datos, hechos y evidencia, diversos expertos y gremios han alertado que los efectos de las medidas que promueve el despacho de la ministra Betssy Chávez serían devastadores para el ya golpeado mercado laboral peruano, porque desincentivaría el empleo formal, agravaría la incertidumbre y hasta provocaría despidos.

 

Los serios problemas que enfrenta el mercado laboral peruano, como la alta tasa de informalidad y desempleo, la baja productividad y poca meritocracia, entre otros, se agravarían con las medidas que viene impulsando el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en manos de Betssy Chávez, han alertado diversos expertos y gremios en el país, en base a datos, hechos y evidencia.

El mayor riesgo en este momento es el que la eventual aprobación del Nuevo Código de Trabajo aumentaría informalidad laboral entre 5% y 8%, según el economista Pablo Lavado, vicedecano del departamento académico de Economía de la Universidad del Pacífico.

El anteproyecto del Código de Trabajo tiene 463 artículos que incluyen modificaciones a diversas leyes laborales, entre las que destacan las siguientes:

1. Elimina el tope de indemnización por despido.
2. Restringe la tercerización en actividades “nucleares” del negocio.
3. Elimina tres modalidades de contratos temporales.

“Con este Código de Trabajo pensaría que la informalidad puede aumentar entre 5% y 8% más o menos. Eso es lo que se ve con las estimaciones en otros países con leyes más rígidas”, dijo Lavado en el evento “Impacto Económico del Nuevo Código de Trabajo Propuesto por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleto (MTPE)”, organizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El impacto no es menor, porque en la actualidad casi 80% de trabajadores en Perú no tiene ningún beneficio laboral ni social; es decir, trabaja en la informalidad.

Pero además el anteproyecto del Código de Trabajo desincentiva el emplo formal, que está en su peor momento desde 2012, tras caer 15% en comparación con niveles previos a la pandemia. ¿La razón? Las medidas del MTPE elevarían los costos laborales y harían más rígidas las contrataciones.

Las propuestas del despacho de Betssy Chávez también generan incertidumbre laboral, porque podrían provocar despidos o precarizar aún más las condiciones laborales. A la fecha, hay 2.5 millones de trabajadores con contratos temporales, y solo un tercio de ellos podrían pasar a tener contratos indeterminados. El resto perdería su trabajo, alertó Miguel Jaramillo, investigador principal de GRADE.

Sin consenso ni diálogo

Lo otro que se cuestiona del anteproyecto del MTPE es que las medidas propuestas no se conversaron en principio con todos los actores implicados. De hecho, recién será debatido en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), a pedido de los gremios de empresarios, y si se aprueba ahí, se remitirá al Congreso.

Pero el camino correcto era al revés: antes de presentar el anteproyecto, se debieron socializar las medidas entre trabajadores, empresas y gobierno, agrupados en el CNT.

El caso de la tercerización

Hasta el momento, la ministra Betssy Chávez no explica cuál es el sustento técnico que justifique restringir la tercerización laboral de “actividades nucleares” de una empresa, y tampoco ha sabido precisar con claridad a qué se refiere con ese concepto que no existe en la legislación laboral vigente.

“La falta de sustento originará una vorágine de juicios contra la tercerización, que será la norma laboral más cuestionada de los últimos tiempos”, anticipa el abogado laboralista Jorge Toyama.

¿Qué dice la evidencia sobre este mecanismo de contratación? Que la tercerización laboral en la crisis sanitaria representó una vía para la creación de empleo formal y de paso ayudó a mejorar la productividad en el país.

En Perú, las empresas de tercerización en el sector privado contrataron a un total de 84,767 trabajadores en 2020, según datos oficiales. La mayor cantidad de empleados bajo esta modalidad están en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 70,819 trabajadores en el primer año de la pandemia.

En 2021 aumentó la cifra de trabajadores relacionados a actividades tercerizadas, al llegar a un total de 114,060 empleados, según datos a junio de 2021, lo que representa un aumento del 35% frente al 2020, pero un retroceso del 15% respecto al 2019.

Así, la norma que restringe este mecanismo de contratación no solo golpeará a las empresas de tercerización, sino a todo el mercado formal, que es el que da el trabajo estable y con beneficios.