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Vraem: ¿Qué pretende el gobierno en la zona de mayor cultivo de hoja de coca ilegal del país?
Redacción Vigilante
Publicado 8:05 pm, 28 abril, 2022
El premier Aníbal Torres y el presidente Pedro Castillo anunciaron cambio de estrategia, que implica el cierre de 40 bases militares, frenar la erradicación forzosa, un nuevo padrón de cocaleros y la reestructuración de Enaco, entre otras. Sin embargo, especialistas advierten que ess medidas, además de ilegales, solo beneficiarían al narcotráfico.
El gobierno de Pedro Castillo, con respaldo del premier Aníbal Torres y su gabinete ministerial, implementará una nueva «estrategia» en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), la zona de mayor producción de hoja de coca del país que va dirigida al narcotráfico y donde, además, se concentran los remanentes terroristas de Sendero Luminoso.
Torres afirmó que el Ejecutivo busca luchar contra el narcotráfico, que se implementará una nueva Política Nacional contra las Drogas al 2030 y un pacto social ciudadano que “impulse la zona al desarrollo”, con una serie de medidas que tienen el supuesto objetivo de promover la «reducción voluntaria, consensuada y sostenible de los cultivos de la hoja», que incluye además una meta para este año de erradicar 18 mil hectáreas de cocales en el Vream, donde actualmente hay 30 mil hectáreas de cultivos, la mayoría ilegales.
¿QUÉ MEDIDAS EN CONCRETO EJECUTARÁ EL GOBIERNO?
CIERRE DE 40 BASES MILITARES
El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, informó que “como objetivo de este gobierno se ha trazado de que antes del 2026, este valle (el Vraem) deje de ser zona de emergencia y se está trabajando intensamente para que estas 40 bases contrasubersivas se conviertan en 40 centros de producción”.
Es decir, que con esta medida se desmilitarizará la zona, a pesar de los constantes ataques narcoterroristas a puestos de vigilancia de las Fuerzas Armadas y Policía.
LEGALIZAR TODA LA HOJA DE COCA
El premier Torres afirmó que la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), que se encarga de industrializar la hoja en productos comerciales, comprará durante al menos un año la producción de la hoja a los cocaleros empadronados y a los que serían ingresados en un nuevo padrón. Además, se impulsará que los propios agricultores de coca autoeliminen sus cultivos de manera “voluntaria, consensuada y sostenible”.
Esta medida fue impulsada desde campaña por el congresista Guillermo Bermejo y cocaleros radicales como Julián Pérez, alias ‘Cheldo’, y fue criticada justamente porque le abría la puertas a nuevos productores de la hoja, pese a que ya hay sobreproducción. Fue Bermejo quien llevó a Castillo a un llamado «congreso nacional de la coca», en el que el presidente se comprometió a legalizar la coca.
De concretarse, se pondría fin a los programas de erradicación que se impulsó desde gobierno anteriores y que buscó que los agricultores pasen a cultivar productos alternativos como el cacao, café y otros.
REESTRUCTURACIÓN DE ENACO
Enaco, en manos actualmente Jesús Oswaldo Quispe Arones, entraría en “reestruturación”, según dijo el primer ministro como parte de una iniciativa de Devida que propone crear una instancia estatal regulatoria. “Devida propone, en coincidencia con Fonafe, la necesidad de crear una instancia estatal regulatoria que reemplace la actual empresa Enaco”, explicó Torres.
La congresista de Perú Libre Margot Palacios es la principal promotora de que la Enaco desaparezca. Incluso sostuvo reuniones con Quispe Arones en su despacho. Esta medida, de «reestructuración», también fue anunciada por el expremier Guido Bellido.
CREACIÓN DE «UNIDAD EJECUTORA«
El presidente Castillo por su lado planteó crear una unidad ejecutora para el desarrollo del Vraem, similar al de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de “agilizar diversos proyectos de desarrollo en la zona”. Pero el mandatario no brindó detalles sobre esta propuesta, pese a la complejidad del tema.
CRITICAN «ESTRATEGIA» DEL GOBIERNO
Las medidas anunciadas, además de inviables e ilegales, no generarían un progreso ni desarrollo en la zona, sino todo lo contrario, fomentaría que el narcotráfico se consolide en el Vraem, de la mano de los remanentes terroristas, lo que provocaría que país se convierta en un “narcoestado”, alertaron especialistas en el tema y exfuncionarios.
Así lo hizo saber el especialista en narcotráfico y terrorismo, Pedro Yaranga. “Prácticamente estamos en un camino para ser un narcoestado. Porque los que están impulsando las medidas no son solo radicales, sino el mismo gobierno. Eso es una amenaza. Han tomado el poder para desactivar las bases y decir que van a poner bases de producción cuando sabemos que la única producción que incentivan es el de la coca ilegal, que además contamina a diestra y siniestra por el uso de químicos letales. Eso afecta a los que hacen otros cultivos, como el cacao, las frutas, café y, sobre todo, a las comunidades nativas”, explicó a Vigilante.pe.
En tanto, la procuradora antidrogas, Sonia Medina, explicó en Perú21 que la autoeliminación de cultivos no es viable. “El narcotráfico no es un juego. Deberían hacer un acto de contrición sobre el problema que tenemos encima”, dijo.
Por su parte, el exjefe de Devida, Rubén Vargas, afirmó que las medidas que impulsa el gobierno tienen una intencionalidad política, para “convertir al sector cocalero en su base social”, pero además son «absolutamente ilegales». Recordó que Ley 22095 señala que la hoja de coca no empadronada es ilegal y, por tanto, el Estado tiene la obligación de erradicarla. “La ley actual prohíbe nuevos empadronamientos”, apuntó. Si se quiere hacer algo así, en principio, habría que cambiar la ley, a través del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría.
El exviceministro de Seguridad Pública Nicolás Zevallos advirtió también una serie de irregularidades en la estrategia que busca implementar sobre la Enaco. “Hace solo unas semanas Enaco tuvo que prestarse dinero para comprar hoja de coca en La Convención, y la tensión con los cocaleros no se hizo esperar. ¿Cómo hará ahora para comprar la hoja en el Vraem? Además, ¿como dialoga este incentivo con la propuesta de Pacto Social que -por el contrario- busca la reducción gradual de los cultivos en el Vraem? Se entiende la contradicción, ¿cierto?”, cuestionó.
El congresista de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga criticó que se busque cerrar las bases militares pues de hacerlo se fomentaría la violencia en el VRAEM. “¿Qué pretende el gobierno con cierre de 40 bases militares en el Vraem? ¿No sabe que sigue operando Sendero en sociedad con los narcos?¿ Quiere una zona liberada para el narcoterrorismo? ¿El ministro habla de convertirlas en zonas productivas? ¿De qué? Violencia y Cocaína”, tuiteó.